El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, justificó las adecuaciones a los criterios para imponer sanciones por irregularidades en el gasto de campaña, que reducirán el monto de las multas, como una corrección en las ponderaciones para fijarlas. A su juicio, esto no representa una flexibilización del proceso de fiscalización, sino un mejoramiento para hacerla más atinada.

Entrevistado en torno a los dictámenes que el próximo lunes se aprobarán en el Consejo General, informó que tras una revisión del conjunto de informes, se determinó que sólo hay 56 casos de candidatos con rebases de topes de gastos de campaña: nueve de orden federal y 47 en comicios locales. De estos últimos, siete resultaron ganadores y, a su vez, solamente dos se encuentran en el supuesto de una diferencia menor a 5 por ciento entre el primero y segundo lugares, que implicaría que el gasto de campaña podría derivar en nulidad de los comicios.

Se trata de una elección en Peribán, Michoacán, y otra en el municipio de Zaragoza, en Coahuila. Son los únicos dos casos, pero eso ya estará en manos de los tribunales determinar las consecuencias que tendría haber rebasado el tope de gastos de campaña.

Sobre el caso de la alcaldía de Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, de la cual el PAN demandó su nulidad, mencionó que la revisión del informe no arrojó el rebase de tope de gastos, aunque precisó que hay siete quejas promovidas por el blanquiazul, que se revisarán mañana.

Cuestionado sobre los fundamentos de las adecuaciones a los criterios para fijar sanciones, Murayama explicó que se hizo una reflexión sobre los alcances que habían tenido. Refirió que en cuanto la reducción de 150 por ciento a 100 por ciento del motivo involucrado como multa al gasto no reportado, el cambio obedeció a que de suyo no reportar una erogación implica que el INE le adjudique el precio más alto del mercado del bien o servicio, lo que ya es una sanción, por lo que ahora se determinó que el 150 por ciento implicaría un 50 por ciento más a la multa.

Asimismo, dijo que la reducción en caso de reporte de eventos extemporáneos, la comisión concluyó que esto era inequitativo para quien asi lo hiciera con respecto a quien de plano no lo hiciera. A más eventos reportados extemporáneamente, mas sanción, por eso se redujo el monto.

–¿No genera falta de certeza?

–No, de ninguna manera, porque siempre todas las sanciones se ponen en los proyectos de resolución, aquí no hay un catálogo en la ley de sanciones; eso no existe dentro de la fiscalización.

–¿No hay un criterio político que genere suspicacias?

–No, no tiene nada que ver, porque esas conductas seguirán sancionadas igual. Es una manera de ir afinando los criterios de fiscalización para todos los actores. No hay ninguna alejamiento de la imparcialidad.

–¿Pero si hay flexibilización?

–No es flexibilización, simplemente estamos corrigiendo cosas que nosotros creemos siempre se deben mejorar.