Caracas

Tras 15 años de prohibición, Venezuela autorizó este jueves negociar divisas, ahora podrán llevarse a cabo operaciones en casas de cambio para atraer capitales y paliar la hiperinflación, medida que según expertos tendrá impacto limitado, pues excluye a la banca.

A pedido del presidente Nicolás Maduro, la oficialista Asamblea Constituyente derogó una ley que castigaba con multas y penas hasta de 15 años de cárcel a quienes realizaran operaciones al margen de un rígido control cambiario.

Los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán autorizadas por el Ejecutivo y hacer cualquier operación de manera legal y segura, señaló el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami.

Según el decreto, el gobierno socialista, enfrentado a cuatro años de recesión, busca otorgar las más amplias garantías para integrarse al modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país.

Desde que fue impuesto en 2003, el control de cambios dio al Estado el control de las divisas y la potestad de fijar la tasa, pero la falta de liquidez disparó un mercado negro donde las cotizaciones multiplican por 30 la oficial.

Analistas sostienen que ese diferencial potencia la corrupción y genera presiones inflacionarias, pues la mayor parte de las importaciones privadas se realizan con dólares del mercado paralelo.

El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2018 una caída del Producto Interno Bruto venezolano de 18 por ciento y una inflación de un millón por ciento, luego de que el gobierno se vio obligado a eliminar cinco ceros a la moneda local, el bolívar, medida que entrará en vigor el 20 de agosto.

El objetivo es devolverle a la clase trabajadora su poder adquisitivo y quebrar los marcadores paralelos que pretenden desestabilizar nuestro sistema financiero, afirmó El Aissami.

La reforma también pretende incentivar la inversión extranjera, al permitir que empresas puedan repatriar sus capitales, afirmó el ministro en días pasados.

Si bien esta semana admitió el fracaso de su modelo de producción, Maduro atribuye el alto costo de vida a una guerra económica de la oposición y Estados Unidos, que le impuso sanciones financieras.

La medida no precisa cómo se fijará la tasa en las casas de cambio ni qué pasará con la oficial, en la práctica intrascendente ante la baja asignación de divisas por parte del Estado, lo que da primacía al mercado negro.

Pese a ello, es una buena noticia, pues permite que los privados trabajen con sus dólares sin ser penalizados, indicó el director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Sin mayores detalles, El Aissami adelantó que el nuevo esquema será alimentado por los particulares, pues los recursos del Estado serán destinados a la inversión social.

Venezuela experimenta una caída de la renta petrolera que vació sus arcas, primero por la baja en las cotizaciones del crudo y luego por un desplome de la producción de más de 50 por ciento en la pasada década, lo que impide beneficiarse del repunte de precios.

Por ello, el gobierno, que obtiene 96 por ciento de los ingresos del petróleo, redujo la asignación de dólares al sector privado y las importaciones (de 66 mil millones de dólares en 2012 a menos de 10 mil millones este año, según Ecoanalítica), generándose una aguda escasez de bienes básicos.

Es una gran oportunidad, es un nuevo comienzo, dijo El Aissami, tras entregar el decreto a la Asamblea Constituyente.

El primer artículo del decreto deroga el régimen de ilícitos cambiarios, una norma que databa del 2005 y que imponía multas y penas de prisión de hasta 15 años.

Pero la reforma no exonera a las compañías y particulares que el gobierno acusa de haber cometido delitos cambiarios en el pasado y tampoco será retroactiva.

Al Estado usted no le va a pedir más, afirmó Diosdado Cabello, el presidente de la asamblea.

Otros constituyentes avalaron la reforma porque creen que evitará que los dólares que entran al país por la venta del petróleo, casi la única fuente de divisas, lleguen a manos de empresarios enchufados, es decir, aquellos que se favorecían con las divisas que asignaba el Banco Central a tasa subsidiada.

Sin embargo, el gobierno mantiene aún vigente el Dicom, el mecanismo estatal que fija a diario un tipo de cambio que se ubica hasta 30 veces por debajo de otra cotización de un mercado paralelo que la mayoría usa como referencia.

Con el cambio legislativo, analistas creen que volverán a existir dos mercados legales para negociar dólares en Venezuela, un esquema que el fallecido presidente Hugo Chávez prohibió por sorpresa en 2010, tras años en los que empresas y personas conseguían divisas al negociar con bonos de la deuda externa venezolana.

La derogatoria evidencia la necesidad de financiamiento como el (proveniente) de China, apuntó Asdrúbal Oliveros, quien aseguró que el mayor aliado financiero de Maduro en Asia exigió esa flexibilización para retomar la entrega de créditos, suspendidos desde hace tres años.

La medida, que abre el juego a las casas de cambio tendría, sin embargo, un efecto limitado, pues excluye a la banca.

Si se pudieran hacer operaciones en el sistema bancario, la oferta de dólares aparecería, pero no está planteado, comentó el director de la firma Econométrica, Henkel García.

Además, sin la unificación de tasas las distorsiones se mantendrán, opina el diputado opositor José Guerra, ex directivo del Banco Central.

Tras la aprobación del decreto, el Banco Central convocó para el viernes a los privados a una nueva subasta de divisas bajo el viejo sistema, alimentando los temores sobre una dualidad de marcadores.

Un mercado dual, con un tipo de cambio oficial con el dólar barato y otro paralelo con la moneda cara, en medio de un déficit fiscal enorme financiado con emisión monetaria y sin entradas de capital, va reventar la tasa de cambio paralela, advirtió.

La cuestión cambiaria es neurálgica para la supervivencia del gobierno, pues es un mecanismo de repartición de rentas entre aquellos grupos de poder con control sobre importaciones públicas, que representan 75 por ciento del total, considera Ecoanalítica.