ace una semana, el primer ministro de Australia, Marcos Turnbull, exigió al papa Francisco destituir al arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, condenado a un año de prisión por encubrir abusos sexuales a menores por parte del clero.

Wilson, de 67 años, se negaba a dejar su cargo, pero el Papa lo obligó a hacerlo el lunes pasado. Se trata del religioso católico de mayor rango sentenciado por pederastia.

Y pronto no será el único, pues el cardenal George Pell, también australiano y hasta hace un año responsable de las finanzas del Vaticano, enfrenta un juicio por pederastia y todo indica que será condenado.

Estos dos casos son la punta del iceberg de los abusos de curas en ese país: 4 mil 500 víctimas han denunciado los abusos cometidos por mil 880 sacerdotes y/o integrantes de varias órdenes religiosas entre 1980 y 2015. En nombre del Estado, próximamente el gobierno australiano pedirá perdón a las víctimas.

Francisco acaba de separar de su cargo y recluirlo en ‘‘una casa de penitencia y oración’’ hasta ser juzgado según la legislación vaticana, al cardenal emérito de Washington, Theodore McCarrick. Lo acusan de abusar sexualmente de menores. Esa medida ha sido muy criticada, pues debió ser consignado a una autoridad civil.

Negro es el futuro de la Iglesia católica chilena, donde cinco obispos y 14 sacerdotes fueron suspendidos de sus funciones por el Vaticano por delitos sexuales. Además Ricardo Ezzatil, arzobispo de Santiago y líder de la Iglesia de ese país sudamericano, comparecerá ante la justicia civil bajo el cargo de encubrir abusos sexuales cometidos por religiosos.

Otros prelados también son investigados por ese motivo y por destruir documentos en que constan las denuncias que en su momento presentaron las víctimas. Son 40 las causas abiertas ante el Poder Judicial y la cifra aumenta cada día.

El abuso sexual perpetrado por sacerdotes no debe ser más, como es frecuente, asunto de la complaciente legislación vaticana sino del Poder Judicial civil.