esde comienzos de los años 90, uno de los principales efectos del tsunami neoliberal fue directo contra las y los jóvenes. Si en 1992, 38 mil demandaban ingreso a la Universidad Naciona Autónoma de México (UNAM), en 2018 ya ha llegado a 243 mil, y como cada año, más de 90 por ciento son rechazados. Algo semejante, aunque en otras proporciones, ocurre en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidas Aotónoma Metropolitana (UAM). Y el problema no es el creciente número de jóvenes sino que se impuso que las instituciones dejaran de crecer y hasta redujeran su matrícula. En la UAM, por ejemplo, cada año decenas de miles buscaron un lugar pero el cupo sólo creció de 45 mil a 55 mil en tres décadas. Más grave aún, la matrícula en la UNAM se redujo hasta en 25 por ciento y sólo en 2006 se recuperó el nivel de 1979, 27 años después. Por todo esto en cobertura en América Latina compartimos el fondo con El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En un contexto así, la promesa de Andrés Manuel LópezObrador (ningún joven que busque ingresar, será rechazado), no es populista, es una respuesta mínima ante un dispositivo de exclusión del derecho a conocer contra millones, construido laboriosamente y que sigue generando un enorme desperdicio del potencial de crecimiento nacional y del bienestar que brinda la educación superior. Al proceso de concentración de la riqueza, se añadió la concentración elitista del derecho a la educación, pues la mayoría de los relativamente pocos que acceden pertenece a los dos deciles de ingreso más altos del país. En México, ir a la escuela es caro, aún en las públicas, pero, además, los exámenes de selección estandarizados tienden a seleccionar como los más capaces a los hijos de las familias escolar y económicamente más favorecidas. Por eso el próximo presidente también ha prometido eliminar los exámenes de selección. La palabra de los rechazados, la más importante porque son las víctimas, durante años ha denunciado como injusta esta situación y, por primera vez, un presidente de la República promete actuar en consecuencia.

Con esto se cumple el primer paso en cualquier transformación de la educación: partir del principio básico de justicia de que la educación y su mejoramiento son para todos. Este principio es, al mismo tiempo, el único que puede despertar una fuerza social y de pensamiento capaz de enfrentarse a la restrictiva concepción neoliberal, a sus estructuras e instituciones reproductoras y a los activos defensores de una calidad elitista. Pero también es posible avanzar a partir de las profundas contradicciones que esa política ha generado, como el olvido y descalificación a las universidades autónomas y públicas, motor social desde el 68. El nuevo gobierno debe manifestar en el discurso y en los hechos, con toda claridad, que retoma la visión de educación amplia y universitaria, cuyos rasgos fundamentales encierran esas dos promesas. Lo segundo, es necesario que recuerde la historia. Al comienzo de los años 90 el gobierno federal definió cuál sería la ruta a seguir e impulsó el cambio neoliberal, siempre con pleno respeto a la autonomía universitaria. Ahora con mayor razón, con un potencial respaldo político muy importante de estudiantes, trabajadores universitarios, familias y comunidades interesadas en otra educación, con mayor razón es posible avanzar a grandes zancadas por un camino distinto.

Lo tercero se sigue en consecuencia. Hay que hablar con los universitarios y politécnicos y plantearles la construcción de un plan de recuperación de la educación media superior y superior y de la ciencia, que parta del hecho de que son ellos precisamente los modelos más exitosos y reconocidos en la historia reciente de la educación en México. Un plan que reúna sus aspiraciones, necesidades y proyectos de ampliación de matrícula y del número de instituciones, de mejoramiento sustancial del proceso educativo, del papel de la ciencia en la educación y el país, para llegar a acuerdos que tengan el respaldo de un financiamiento y apoyo político suficiente (ausentes durante décadas). Al mismo tiempo, retomar ese proyecto universitario, autónomo y público, y traducirlo en lo que corresponda como propuesta para la enorme porción del sistema educativo nacional que depende de los gobiernos federal y local. Finalmente, en el sector privado, ir más allá de sólo expedir licencias a instituciones para operar, y proponer una convergencia en los temas del acceso de los más posibles, la finalidad eminentemente social y participativa de la educación, la responsabilidad de también ofrecer educación de alto nivel.

Las instituciones ahora tienen la palabra, y pueden dar señales de interés en la ruta que se propone hacia más justicia y derecho a la educación. Y pueden flexibilizar su postura frente a dos demandas de los rechazados que con la elección ahora se han vuelto emblemáticas (más cupo, no exámenes de selección). Por lo pronto, obvio, el gobierno federal ya está de acuerdo.

*UAM-X