Las detenciones e incautaciones que el gobierno federal ha dado a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arrojaron pistas de una presunta red de corrupción que involucraría a miembros del Poder Judicial de la Federación, diversas fiscalías y procuradurías, en actos que han desembocado en la liberación de algunos de los integrantes de la organización que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, revelaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.

La información recabada refiere que las aprehensiones y seguimiento a los procesos penales han arrojado datos que involucrarían presuntamente a servidores públicos con acciones que han afectado las imputaciones del Ministerio Público Federal, o bien que a pesar de la existencia de autos de vinculación o de formal prisión, estas decisiones judiciales se reviertan mediante juicios de amparo sin tomar en cuenta casos en los que ya se han establecido criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según los funcionarios entrevistados, la investigación que recién inició refiere la entrega de efectivo para que se dicten resoluciones que benefician a los detenidos del CJNG, por lo que ya se solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin corroborar si los recursos han sido ingresados al sistema financiero nacional.

El CJNG es una organización cuyo origen se remonta a 2010, cuando Ignacio Coronel Villarreal creó un grupo de sicarios que le servirían para enfrentar a sus ex socios del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el capo fue abatido por el Ejército y su célula se convirtió en Los Matazetas, hasta que su dirigente Nemesio Oseguera se alió con sus cuñados que eran integrantes del cártel del Milenio y se transformaron en lo que hoy se conoce como el CJNG.

De acuerdo con los reportes gubernamentales, este cártel tiene presencia en 20 países (entre ellos Estados Unidos y China) y en la mayor parte de la República mexicana, donde ha desplazado a organizaciones como Los Zetas y el cártel de Sinaloa, y se le considera una de las organizaciones más violentas.

Aunque ha sufrido escisiones, mantiene su presencia en zonas de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, donde, además del tráfico de droga también participa en el robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos.

Además de traficar con cocaína, se dedica principalmente a la producción y tráfico de drogas sintéticas, y se le considera el mayor traficante de fentanil –sustancia química 50 veces más potente que la heroína– a Estados Unidos, donde el consumo de éste ocasionó la muerte de más de 64 mil personas en 2017, por sobredosis.

Respecto de la indagatoria recientemente iniciada, las autoridades consultadas señalaron que entre los casos que los detenidos han señalado que existió corrupción se encuentra la liberación de El Cabús, un operador financiero de Nemesio Oseguera, quien fue aprehendido en febrero de 2017 y en julio le fue dictada sentencia absolutoria, porque supuestamente uno de los participantes en un cateo relacionado con su caso, firmó como testigo la realización de la diligencia, y ello se consideró una violación de procedimiento, aunque –a decir de los entrevistados– no se tomó en cuenta la jurisprudencia 1/2009 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.