Ures, Son.

De las 381 personas oficialmente reconocidas como afectadas en su salud por el derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacánuchi en agosto de 2014, 25 por ciento perdieron el interés en atenderse, afirmó Joel López Villa Gómez, director de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora.

Desde hace dos años poco más de 95 personas, la mayoría originarias de los municipios de Arizpe y Cananea, no acuden a revisión médica, por lo cual se llamó a todos los inscritos en el padrón del Fideicomiso Río Sonora (FRS) a consulta y toma de muestras de sangre para detectar metales pesados.

Joel López recordó que en el más reciente diagnóstico, realizado en 2016, ninguno de los afectados presentaba concentraciones de metales pesados por encima del límite, y que esta será la segunda ocasión en que se realicen análisis.

En el primer diagnóstico, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó de complicaciones oculares, dermatológicas e intestinales, pero vecinos insisten en que aumentó el número de muertes por cáncer.

Grupo México se comprometió a instalar una clínica en el municipio de Ures, financiada con el FRS, para atender a los enfermos y supervisar de forma regular la calidad del agua, pero el proyecto se canceló y el centro de salud quedó en obra negra.

Los tóxicos que la mina Buenavista del Cobre derramó fueron depositados en la presa Rodolfo Félix Valdés El Molinito, fuente de abastecimiento del norte de Hermosillo. De acuerdo con especialistas, los metales pesados producen una serie de padecimientos, entre ellos osteoporosis, problemas hepáticos y Alzheimer.