La bancada de Morena en la 64 Legislatura propone convocar a una convención hacendaria, que incluya a los congresos estatales y permita construir un acuerdo nacional sobre los nuevos criterios de ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en especial el gasto federalizado.

Buscamos reunir a diputados de todo el país, de todos los partidos; centralizar los recursos donde se requiera para garantizar la eficacia del gasto, y evitar la dispersión en un federalismo fiscal atrofiado, así como homologar el plan de austeridad, explicó el diputado federal electo Alfonso Ramírez Cuéllar.

Explicó que la nueva realidad política, a partir del resultado electoral del primero de julio, impone revisar las transferencias y el gasto federalizado, que este año fue de 1.8 billones; la cartera de los principales proyectos de desarrollo social, de inversión productiva y desarrollo regional, y la política de ahorro en los presupuestos públicos locales y federales.

Consideró que uno de los retos de la siguiente legislatura será, sin aumentar las contribuciones ni las tasas impositivas, detectar y suprimir muchos de los canales que facilitan la pérdida de ingresos tributarios por evasión y elusión fiscal.

Ramírez Cuéllar, quien aspira a coordinar la bancada en San Lázaro, dijo que se debe garantizar el bueno uso de casi 35 por ciento del presupuesto nacional, que va a los estados y ha sido recurrentemente cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación, que entre 2011 y 2016 reportó observaciones por 258 mil millones de pesos no solventados por estados y municipios.

Recordó cómo la evolución creciente del gasto federalizado lejos de garantizar el equilibrio regional profundizó las distorsiones entre estados y municipios y que la dispersión de recursos vulneró programas que sí tenían como objeto elevar el desarrollo y reducir la pobreza.

Los abusos han sido reiterados: el uso de dinero etiquetado para otros fines, el pago de sobrecostos no justificados y la falta de comprobación del gasto con la documentación debida, entre otros. Los abusos de los ex gobernadores de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Sonora y muchos otros dan cuenta de la urgencia para poner mayor control y reorientar el monto y el manejo de todos los ramos que implican la transferencia de recursos federalizados, dijo.

Expuso que una convención hacendaria debe concluir en la revisión de más de 550 programas de política social y casi 100 destinados a proyectos productivos y los dispendios en el gasto para seguridad pública.

"Un federalismo fiscal mal entendido impide la centralización de recursos y esfuerzos para detonar una cartera de proyectos de inversión y de desarrollo social que permita la generación del empleo y la disminución de las desigualdades", consideró.

Desde su perspectiva, una convención hacendaria tendría que resolver, entre otros puntos, la compactación de programas sociales y proyectos productivos, medidas de transparencia en la contratación y adjudicación de obra pública e incluso un nuevo sistema de sanciones por corrupción y de rendición de cuentas.