La Procuraduría General de la República (PGR) debe apegarse a los protocolos de actuación, cumplir la norma y capacitar a los servidores públicos para no afectar la vida de indígenas acusados de algún delito no comprobable, pero que los lleve a prisión.

A decir de José Antonio García Castro, titular de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, se debe evitar que el mal actuar de la dependencia lleve a pedir perdón de manera pública, como sucedió en el caso Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco, acusadas del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación en agosto de 2006, cuya inocencia se reconoció después.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, indicó que las organizaciones criminales continúan enganchándolos para utilizarlos como burreros –trasiego de droga– o para cuidar, armados con Ak-47, plantíos de amapola y mariguana.

De ahí que la mayoría de ellos se encuentren en un penal federal por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Le siguen los delitos de peculado y posesión de hidrocarburos.

En entrevista con La Jornada, García Castro informó que hasta julio hay 298 indígenas en prisión, de los que 103 han sido sentenciados, 108 se encuentran en proceso y 87 están en investigación.

Las lenguas de mayor incidencia son el náhuatl, mixteco, zapoteco y tepehuano. Además, el mayor número de indígenas detenidos se encuentra en Oaxaca, Nayarit, Chiapas y Guerrero.

Sobre si la PGR debe pedir perdón a aquellos que permanecieron parte de su vida en prisión y no se comprobó delito, el funcionario consideró: No: la institución tiene una normatividad completa desde el punto de vista en el ámbito nacional e internacional para que su aplicación sea conforme a derecho. La institución no debe estar en esa situación; la forma en que se podrían evitar esas acciones es que exista un cambio, primero en el servidor público y después con el cumplimiento de la norma. Esto va a ser posible solamente con capacitación continua.

Puntualizó que ofrecer una disculpa pública no habla bien de la PGR en cuanto a su forma de aplicar la norma, y reiteró que la capitación deber ser primordial para evitar esos casos.

Ante la falta de la verdadera aplicación de la norma de todos los actores en el contexto de la procuración de justicia, no se da uno cuenta del alcance del perjuicio que puedes ocasionar a la persona desde el punto de vista social.

Explicó que hay varios factores por los que este grupo llega a prisión, pero el principal es el económico, y ante el desconocimiento de lo que las organizaciones criminales les hacen trasladar (paquetes de droga), se prestan a esas prácticas por una oferta económica.

Agregó que uno de los derechos fundamentales es el acceso a la justicia. En principio se tiene que garantizar que tengan un intérprete que le explique su situación jurídica. Consideró que no hay intérpretes suficientes y el problema radica en la diversidad de las variantes lingüísticas.