La Comisión Permanente solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuar la verificación y supervisión sobre las empresas de servicio de transporte Uber, Easy Taxi y Cabify, toda vez que 103 de sus choferes han sido demandados por violencia sexual.

La senadora del PRI Diva Gastélum dijo que la Profeco debe vigilar que se cumplan las medidas de seguridad, toda vez que de los 103 acusados, sólo 31 fueron sentenciados, a pesar de que ha habido incluso homicidios y feminicidios de jóvenes que usaron ese transporte.

Más allá del tema de lo poco seguro o inseguro del servicio que brindan esos taxis, subrayó, hay un tema muy fuerte: 103 choferes acusados de violencia sexual y sólo 31 sentenciados. ¡Imagínense!, para que una mujer pueda denunciar y luego probar y llegar a sentencia, pues está muy complicado.

Ante ello, Gastélum insistió: más allá de las tarifas, de un buen clima en el carro, la Profeco tendría que ver que este servicio fuera seguro para todos y, sobre todo, para todas las mujeres.

Refirió: me preocupa mucho, como el caso de Mara, joven asesinada en Puebla por un taxista. Es una película de terror que viven muchas mujeres, algunas que han podido denunciar y otras que ni siquiera han sido escuchadas.

El acoso y el hostigamiento que padecen las mujeres es producto de un esquema de cooperación. Porque no es por un taxi, es un esquema de cooperación que solamente deja ganancias a quien engancha a este chofer, señaló.

Quiero llamar la atención en este tema, porque hay una publicidad engañosa diciendo que es un transporte seguro. ¿Para quién, paras quiénes? ¡Para las mujeres no! Los números son muy fuertes, son escalofriantes, lo que tiene que ver con homicidios dolosos y feminicidios en contra de mujeres.

A su vez, el diputado Ricardo García resaltó la urgencia de que se continúe con las supervisiones que se hacen a estas empresas, ya que, actualmente, 7 millones de personas utilizan sus servicios.

En el dictamen aprobado, se reconoce la labor de Profeco en la defensa y protección de los derechos de los usuarios de ese servicio de transporte privado de pasajeros ante las sanciones que impuso a esas empresas por la falta de información en las plataformas para quienes las utilizan.

Entre otras razones, fueron sancionadas por prácticas comerciales coercitivas y desleales, tratar de deslindarse de responsabilidad legal y difundir publicidad engañosa.