Buenos Aires

Miles de argentinos hicieron largas filas ayer para firmar su renuncia a la Iglesia católica, con lo que atendieron el llamado de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), que convocó a una apostasía colectiva, informó el portal RT. Esta iniciativa surgió cuando el Senado aún debatía la legalización del aborto, que fue rechazada las primeras horas del pasado jueves, por lo que hombres y mujeres que se manifestaban a favor esperaron su turno para llenar formularios y formalizar así su decisión.

La CAEL dirigió su mensaje a quienes fueron bautizados y ya no se sienten representados por la Institución.

Fernando Lozada, integrante de la coalición, explicó a Página 12 que para quien no esté representado por la Iglesia (católica) es un acto de desafiliación, como si a una edad temprana nos hubiesen anotado en un club o en un partido político con el que no coincidimos.

Otro miembro de CAEL, Nicolás Furfaro, comentó en Twitter: Lindo día para todos los jóvenes que fuimos bautizados, hagamos el trámite de la apostasía y nos demos de baja de la Iglesia católica que nos usa para justificar su relación con el Estado.

En tanto, los promotores de un proyecto para legalizar el aborto en Argentina barajan nuevas opciones para poner fin a la práctica clandestina, luego de que su iniciativa fracasó esta semana en el Congreso. Aprobada por la Cámara de Diputados en junio, la propuesta que planteaba permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, fue rechazada por el Senado, pero la impresionante movilización popular que rodeó la iniciativa presiona fuerte para que se atienda el asunto.

La agenda nos compromete porque el problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas tengan la posibilidad de elegir y planificar su vida, afirmó el presidente Mauricio Macri, a la vez que prometió reforzar la educación sexual en escuelas y la distribución de anticonceptivos.

El gobierno ofreció además aprovechar una inminente reforma al código penal para eliminar el castigo de prisión a aquellas mujeres que se realicen un aborto.

Pero la sola despenalización, que la Iglesia católica favorece, no satisface a los grupos que impulsaron el proyecto, pues destacan que no resuelve el asunto de los abortos clandestinos.

La legislación data de 1921, cuando se incluyó en el código penal como un delito con penas de entre uno y cuatro años de prisión; las excepciones son cuando hay peligro para la vida de la mujer o si el embarazo es producto de la violación. Los que se opusieron al proyecto de ley sostienen que se deben salvar las dos vidas, y para los casos de maternidad no deseada sugieren la adopción. Según las ONG, aquí hay 500 mil abortos clandestinos al año.