El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) tuvo una reunión ayer con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, propuestos para ocupar la secretaría y subsecretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para entregarles la agenda que las familias de víctimas han construido sobre el tema de desaparición.

En un comunicado, la organización saludó en primer término la apertura y sensibilidad del equipo de transición del gobierno entrante para combatir la dolorosa práctica de la desaparición de personas en México. Reconocemos la trayectoria y compromiso que han demostrado en temas de justicia y derechos humanos en las responsabilidades públicas que han tenido.

Al enumerar sus prioridades y exigencias, el MNDM –integrado por más de 50 organizaciones de víctimas de 18 estados del país, y por colectivos de Guatemala, Honduras y El Salvador– enfatizó que una de sus prioridades es la búsqueda y localización de todas las personas desaparecidas, mediante la implementación efectiva de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Para ello, enfatizó, es necesario el liderazgo de la Federación en la implementación, al tiempo que visibilizar y posicionar el tema en lo local. Destacamos que es la Secretaría de Gobernación quien encabeza el Sistema Nacional de Búsqueda previsto en la ley y, por tanto, quien consideramos debe liderar el proceso de implementación de la ley.

En el mismo tono, destacó que es indispensable que para el nuevo gobierno garantice la plena y efectiva participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todas las acciones y políticas relacionadas con las desapariciones. Nuestra voz y experiencia son vitales para encontrar a las personas.

De igual manera, el MNDM enfatizó la necesidad de instalar el Sistema Nacional de Búsqueda y fortalecer las instituciones encargadas de atender las desapariciones, principalmente la fiscalía especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda, además de culminar la armonización de la ley general a escala local.

Asimismo, destacaron la urgencia de que el plan de implementación de la ley general se vincule con un plan de atención a víctimas de desaparición, que establezca la ruta para el funcionamiento adecuado de las comisiones de atención a víctimas en todo el país, tanto en relación con las medidas de ayuda y asistencia para las familias, como en lo que respecta a los asesores jurídicos que necesitamos de dichas instituciones.