La Procuraduría General de Justicia capitalina negó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tener registro de la denuncia que presentaron los diputados de la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero y Miguel Ángel Hernández Hernández sobre actos de violencia cometidos durante mítines de Claudia Sheinbaun Pardo, los días 15 de diciembre y 3 de enero pasados en la delegación Coyoacán.

Esto, aun cuando al día siguiente de los hechos ambos asambleístas presentaron una denuncia que se ligó a la carpeta CI-FCY/COY-2/UI-1C/D/00016/01/2018, la cual inició la dependencia por los delitos de ataques a las vías de comunicación y lesiones dolosas por golpes, e incluso hay tres personas vinculadas a proceso penal, entre ellos, Luis Ernesto Escalona Ruan, quien tenía el cargo de subdirector de Mercados y Vía Pública.

En reiteradas ocasiones, Cravioto refirió que la PGJ no lo citó para que ratificara la denuncia; sin embargo, sí la vínculo al citado proceso penal.

En tanto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales rechazó entregar la información del caso al órgano electoral local por ser reservada.

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina tampoco proporcionó al IECM las imágenes captadas por las cámaras del C5 al responder que éstas se almacenan por siete días naturales por lo que al tiempo de su requerimiento ya no existían.

Sólo la Comisión de Derechos Humanos local aportó una copia certificada del expediente que integró, en el que se denuncia la participación de servidores y ex funcionarios y militantes del PRD vinculados al asambleísta Mauricio Toledo Gutiérrez y al delegado con licencia Valentín Maldonado.

Lo anterior se desprende de las documentales contenidas en el expediente que resolvió el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) con el que determinó, por tres votos a favor y dos en contra, la inexistencia de actos de violencia política, agresiones en razón de género y uso indebido de recursos públicos atribuíbles a más de 20 personas, entre ellas Toledo y Maldonado, así como al PRD.

Se advierte que la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores del TECDMX determinó en sólo tres días que no existían diligencias pendientes.

Según el estudio, la unidad que dirige Arístides Rodrigo Guerrero –residente de Coyoacán que en 2009 fue candidato a diputado federal suplente por el PRI y en 2012 intentó también ser cadidato a diputado de la ALDF por el mismo partido– desestimó pruebas como el video difundido por el periodista Jorge Chaparro, en el que responsabiliza a militantes del PRD de la agresión sufrida en la cobertura del acto del 15 de diciembre, así como diversas notas periodísticas en las que se consignaron imágenes de personas identificadas como servidores de la delegación Coyoacán.