Zacatecas, Zac.

Ejidatarios del municipio de Jiménez del Teúl descubrieron que el Registro Agrario Nacional (RAN) tenía documentada un acta apócrifa de una supuesta asamblea ejidal en la que los campesinos avalaban el uso de 126 hectáreas de uso común para la construcción de la presa Milpillas, con capacidad de 65 millones de metros cúbicos.

Según una denuncia que circuló ayer, integrantes de la Red de Afectados por la Minería en México (Rema) y del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, el engaño fue puesto al descubierto el pasado 3 de agosto, durante una asamblea ejidal a la que asistieron representantes de los gobiernos del estado y federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Conato de violencia

En plena reunión, una de las autoridades provocó airadas reacciones de los colonos cuando les mostró un documento donde presumiblemente un integrante de la mesa directiva ya había otorgado el aval de la asamblea, con firmas falsas, lo que provocó un conato de violencia en esa población ubicada 265 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas.

Al ver que la maniobra se había descubierto, los representantes gubernamentales intentaron obtener el aval por la vía rápida, ofreciendo a los ejidatarios 12 mil pesos por cada una de las 126 hectáreas que se afectarán para la construcción de un acceso al acueducto y área de inundación de la presa.

Durante la asamblea ejidal, los funcionarios gubernamentales desglosaron su oferta: 6 mil pesos por hectárea, resultado del supuesto avalúo oficial que marcó una empresa acreditada, además de otros 6 mil pesos por indemnización, que el gobierno iba a agregar.

Según un comunicado emitido por ambas organizaciones, el 3 de agosto, al mediodía, se realizó la asamblea ejidal en segunda convocatoria para someter a consideración de los campesinos la autorización para celebrar el convenio de ocupación previa, con el gobierno del estado de Zacatecas, en el sitio donde se busca construir la presa.

▲ Ejidatarios de Jiménez del Teúl desconocieron el 3 de agosto los acuerdos de una asamblea que no se realizó. Rechazaron haber autorizado la construcción de la presa Milpillas.Foto Alfredo Valadez

El ejido también debía avalar que una empresa contratista realice ante el municipio un nuevo trámite de cambio de uso de suelo, pues un convenio anterior ante la Semarnat fue anulado por violaciones a los derechos agrarios y falta de información de fondo sobre el proyecto.

Además, se informó a los ejidatarios que se beneficiarían económicamente durante el desarrollo del proyecto, al prestar su mano de obra, por la venta de materiales pétreos del ejido a los constructo-res y por la creación de cooperativas y proyectos productivos.

En medio del debate y las propuestas en favor y en contra del proyecto, trascendió que el martes 31 de julio dos ejidatarios acompañados por integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, acudieron al RAN en la capital del estado y se percataron de la existencia de un acta que se había inscrito ya, supuestamente avalando con firmas el usufructo de sus tierras, siendo un documento falso, sin ninguna validez oficial.

Comisario se disculpa

Fidel Domínguez, presidente del comisariado ejidal, admitió que ilegalmente, sin mediar asamblea alguna, emitió dicho documento falso: aceptó en pleno que había violado los derechos ejidales y la ley agraria, e incluso se disculpó.

Al final, mediante votación se anuló la (supuesta) asamblea con 18 votos a favor y 10 en contra, haciendo evidente que lo manifestado por el gobernador del estado Alejandro Tello y otros miembros de su gobierno, respecto a que se trataba de un mero trámite para iniciar la edificación de la pretendida presa, es una vil mentira. Los ejidatarios y los ciudadanos no quieren presa: quieren agua y tranquilidad en sus comunidades.

Con esta obra, cuyo costo se calcula en 10 mil millones de pesos y que incluye la construcción de un acueducto de 167 kilómetros dotaría de agua, según el gobierno del estado a los habitantes de la zona metropolitana de Fresnillo, Calera, Zacatecas y Guadalupe. Pero los denunciantes han dicho que el proyecto es para beneficiar a dos compañías mineras y una cervecera.