Colima, Col.

Once jornaleros y cuatro menores originarios de Guerrero fueron víctimas de explotación por una empresa agrícola. Autoridades estatales detectaron que no recibían pago alguno por su trabajo en la siembra y corte de pepino en la localidad de Los Ortices, municipio de Colima.

La queja fue interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), donde la Secretaría del Trabajo (Setcol) del gobierno estatal emprendió medidas cautelares para resarcir el daño ocasionado contra los labriegos.

El titular de la Setcol, Vicente Reyna Pérez, explicó que la queja se presentó porque el patrón dejó de pagar los salarios desde enero, por lo que se llevaron a cabo inspecciones al centro de trabajo y detectaron que cuatro menores también laboraban en los campos, quienes fueron retirados del sitio y entregados a sus padres, como lo indica el protocolo de actuación.

Dijo que lo anterior permitió que se instaurara un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa, así como la presentación de la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría de Justicia del Estado por la comisión de delitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Rechazan convenio

Explicó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo estatal obtuvo el reconocimiento de lo adeudado por el patrón, el cual ofreció 30 mil pesos en efectivo como pago parcial, y se invitó a las partes a realizar un convenio para liquidar la cantidad restante.

Indicó que el defensor de los jornaleros no aceptó realizar el convenio por la cantidad restante adeudada, por lo que los afectados –con la representación de un procurador–, deberán presentar de forma individual su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Colima al término de un año para que previo procedimiento de ley se dicte el laudo en su favor.

Reyna Pérez precisó que por emplear a menores de 14 años, el presunto infractor podría ser multado hasta por 5 mil unidades de medida y actualización (Uma) y sancionado con prisión de uno a 4 años; por la omisión de pago que excede tres meses podría ser multado por 3 mil 200 Uma y sancionado con de 6 meses a cuatro años de cárcel.

Finalmente, el funcionario estatal dio a conocer que en coordinación con la delegación federal de la Secretaría del Trabajo, reforzarán las inspecciones en los campos agrícolas para constatar que se están respetando los derechos de los trabajadores del campo en el estado.