Era una prominente familia del sur de Chihuahua. Agricultores, comerciantes, ganaderos que empleaban a más de 200 personas, hasta que la vida les cambió. Debido a la violencia en el estado y a constantes amenazas de diversos grupos, en 2013 integrantes de la familia Ponce Ríos se vieron forzados a dejar sus hogares y la tierra donde por varias generaciones se habían arraigado.

Han vivido cinco años de desplazamiento forzado interno, y pese a ello la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se niega a reconocerlos como sujetos de violaciones a sus derechos humanos. Recientemente un juez concedió un amparo a la familia, en la que ordena a esta instancia federal emitir una nueva resolución, ya que, consideró el juzgador, existen todos los elementos para afirmar que las 65 personas fueron vulneradas en sus garantías.

Sin embargo, frente a la sentencia de amparo, la CEAV interpuso un recurso de revisión que resulta incongruente con la propia razón de ser de la comisión, y revictimizante para la familia Ponce Ríos, consideró la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), la cual lleva la defensa de la familia.

En entrevista con La Jornada, Paola Delgado Ponce, una de las desplazadas, relató que las agresiones comenzaron en 2010, cuando su familia comenzó a ser extorsionada y después secuestraron a uno de sus miembros. Las cosas fueron empeorando, hasta que en 2013 dos de sus familiares, uno de ellos adolescente, fueron asesinados, y uno más fue víctima de un intento de plagio.

Hicimos las denuncias correspondientes, confiamos en las instituciones, pero el Estado no asumió su responsabilidad. El gobierno estatal no nos brindó la seguridad correspondiente y hubo omisiones. Al realizar las denuncias comenzaron las amenazas contra mi familia, nos exigieron que nos fuéramos del pueblo. Quemaron ranchos, secuestraron y asesinaron a dos de mis familiares.

Frente a ello, se tomó una decisión que les cambió la vida: dejar Saucillo, Chihuahua, donde desde 60 años atrás se había arraigado la familia. No fue sencillo, se tuvieron que separar para estar en diferentes entidades del país. Han sido muchas las complicaciones, sobre todo para hacer negocios, conseguir trabajos y hallar espacios educativos para los más jóvenes.

Desde 2016, la Cmpdpdh, en su calidad de representante de las víctimas, pidió a la CEAV que se reconozca y atienda a la familia Ponce Ríos como sujetos de desplazamiento interno forzado, sin embargo, la institución no respondió a la solicitud. Por ello, en agosto de 2017 tramitó una demanda de amparo en contra de la comisión. La respuesta de la dependencia fue emitir una resolución negando que la familia fuera víctima de violaciones a los derechos humanos y desconoció su facultad para otorgar dicho reconocimiento, informó el organismo no gubernamental.

El pasado 12 julio, el juez noveno de distrito en materia penal resolvió la demanda de amparo en favor de la familia, pero la CEAV interpuso un recurso de revisión “que resulta incongruente con su propia razón de ser, y revictimizante para los Ponce Ríos.

La Cmdpdh lamenta la reiterada falta de voluntad de la CEAV para garantizar el derecho de dicha familia al reconocimiento de su calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos, obstaculizando el acceso a la atención especializada que requieren y prolongando la comisión de violaciones a las garantías individuales cometidas en su contra. Exhortamos a esa instancia a cumplir sus obligaciones establecidas en la Ley General de Víctimas, y a no contravenir resoluciones que garanticen los derechos de éstas.