Chihuahua, Chih.

Rarámuris del ejido Laguna, municipio de Bocoyna, se plantaron ayer frente al palacio de gobierno y la Fiscalía General del Estado en protesta por el ‘‘uso excesivo de la fuerza, lesiones y privación ilegal de la libertad’’ en agravio de 15 comuneros detenidos el fin de semana.

Policías estatales desalojaron un plantón instalado junto a una de las válvulas del gasoducto Encino-Topolobampo y arrestaron a indígenas que exigían a la empresa TransCanada la firma de un convenio de reparación de daños. Un día después los manifestantes fueron liberados.

Cerca de 50 habitantes del ejido Laguna, de dos poblados vecinos y comuneros de Panalachi que se solidarizaron con los inconformes, así como integrantes de la Unión Campesina Democrática, anunciaron que se quedarán frente al palacio de gobierno.

Exigieron la intervención de las autoridades estatales, encabezadas por el panista Javier Corral Jurado, y una reunión con directivos de TransCanada, la cual han solicitado desde octubre pasado.

Pidieron al fiscal estatal, César Augusto Peniche, una explicación pública por la ‘‘violenta’’ intervención policiaca sin orden judicial. Afirmaron que en el desalojo fueron golpeados adultos mayores y mujeres. Además, los agentes los amenazaron con sus armas, realizaron detenciones arbitrarias, les robaron pertenencias y dañaron una camioneta de la comunidad

Recordaron que solicitaron audiencia con el mandatario panista y la intermediación de Joel Gallegos, funcionario de la Secretaría de Gobierno, pero ante la ‘‘inacción’’ de las autoridades, hace tres meses decidieron instalar un plantón en el sitio donde se localiza una de las válvulas del gasoducto.

Señalaron que el gobierno de Javier Corral ‘‘antepone intereses empresariales a los derechos de campesinos e indígenas’’. Le pidieron frenar la represión contra ejidatarios y recordaron que el mes pasado agentes estatales golpearon a integrantes del ejido Sacramento, municipio de Chihuahua.

Los 167 campesinos de La Laguna demandan pago justo por permitir la construcción del gasoducto; rechazan la mediación de comisarios ejidales, con el argumento de que avalaron una ‘‘consulta simulada’’ que autorizó el pago de 9 mil pesos a cada comunero por el derecho de vía. Agregaron que en comunidades aledañas la empresa pagó indemnizaciones hasta de 200 mil pesos, lo que, dijeron, demuestra que TransCanada utiliza a las autoridades ejidales para ‘‘engañar’’ a los indígenas. Además, señalaron que los acuerdos de compraventa se realizaron sin autoridades de la Procuraduría Agraria.

El gasoducto atraviesa el ejido Laguna a lo largo de 20 kilómetros y lo divide. Los campesinos aseguran que afecta la actividad forestal y la agricultura de autoconsumo.

Hasta el cierre de esta edición, ningún funcionario había atendido a los manifestantes.