San Luis Potosí, SLP.

El Congreso de San Luis Potosí exhortó de manera urgente al gobierno estatal a realizar gestiones ante la Federación para que se evite el uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en la explotación de hidrocarburos en pozos petroleros de la zona Huasteca de la entidad.

Durante la sesión de ayer de la Diputación Permanente, los legisladores Jesús Cardona Mireles y Héctor Mendizábal Pérez, de los partidos Morena y Acción Nacional, respectivamente, presentaron un punto de acuerdo en rechazo al fracking y a cualquier autorización para explorar y explotar hidrocarburos en territorio potosino mediante esta técnica.

‘‘En la Huasteca hay oposición generalizada de indígenas, campesinos, ganaderos y empresarios del sector turístico al fracking. El 9 de agosto atendimos en el Congreso a un grupo de manifestantes que exigían a esta legislatura emitir un exhorto para la prohibición definitiva de este proceso de exploración y explotación de gas e hidrocarburos’’, acota el punto de acuerdo.

El documento añade que, al parecer, ‘‘a escondidas y violando normas internacionales, Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciará la exploración y explotación de gas e hidrocarburos por medio de fractura hidráulica en la Huasteca potosina’’.

Menciona que hay un acuerdo entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción y las empresas D&S Petroleum y DS Servicios Petroleros –asociadas con la compañía china Sinopec– para buscar aceite y gas en el estado.

Consulta a comunidades indígenas es obligatoria

Especialistas han advertido que la utilización del fracking afectaría a miles de campesinos y comuneros nahuas y tének que habitan en seis municipios de la Huasteca potosina, añade el punto de acuerdo.

La diputada Martha Orta, quien encabeza la comisión de asuntos indígenas del Congreso local, recordó que la Ley Indígena de San Luis Potosí estipula que antes de cualquier obra o proyecto que involucre a las comunidades indígenas se tiene que hacer una consulta para avalarla. De lo contrario, ‘‘ninguna autoridad ni el sector privado podrá realizar actividad alguna’’.