l titular del juzgado decimocuarto de distrito, Erik Zavalgoitia Novales (nacido en Ciudad de México; titulado en 1997 en la Universidad Panamericana con una tesis denominada El narcotráfico y su importancia en la justicia federal: https://goo.gl/bQHZHN ), ha ordenado reabrir el marcadamente sucio y tramposo expediente judicial con el que se ha pretendido escamotear a la sociedad el conocimiento exacto de lo que sucedió en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014.

Ese proceso judicial, aparte de falsear gravemente los hechos, ha servido para eludir el castigo a los operadores materiales y a quienes, en lo alto de la cadena de mando militar, ordenaron la ejecución de entre 12 y 15 presuntos delincuentes, ya rendidos, de un total de 22. Según la recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno mexiquense, entonces a cargo de Eruviel Ávila, la mayoría de esas muertes correspondió a una ejecución sin atenuantes (la instrucción fue, según las indagaciones oficiales: abatir delincuentes en horas de oscuridad; una instrucción de rutina, sistemática en casos similares).

Esa madrugada, luego de un intercambio de disparos, pausados unos, en ráfaga otros, se habrían escuchado gritos, según los vecinos: –¡Ríndanse, Ejército Mexicano! –¡Nos vamos a rendir! –¡Salgan!, ¡les vamos a perdonar la vida!

Los militares esperaron entre 15 y 20 minutos, pero los civiles no salieron de la bodega. Hubo orden de entrar, entre las 4:50 y las 5 horas de ese mismo 30 de junio. Luego, entre las 5 y las 6 de la mañana, se escucharon disparos cortos y aislados, provenientes de armas accionadas por el Ejército en contra de las personas rendidas, según dijo uno de los vecinos a la CNDH y también según tres mujeres y dos presuntos secuestrados, a quienes se dejó con vida y atestiguaron las ejecuciones.

Como en tantos casos sucedidos a lo largo y ancho del país, la escena del crimen fue alterada, las pruebas fueron desaparecidas o desvirtuadas, la versión oficial habló de un enfrentamiento provocado por los luego asesinados, los medios de comunicación fueron dotados de boletines y declaraciones adecuadas al interés de militares, policías y gobernantes y la responsabilidad de los hechos fue diluida, hasta dejar en pleno goce de impunidad a los ejecutores y a quienes dieron la orden de masacrar (una de las mujeres sobrevivientes aseguró haber escuchado la orden de un mando militar: Los que estén vivos o heridos, vuélvanles a disparar).

La reapertura del expediente Tlatlaya, ordenada por el juez Zavalgoitia Novales, y dada a conocer por los reporteros Fernando Camacho y Emir Olivares en La Jornada, como nota principal de su edición dominical, reinstala en muy buen momento el tema de los mandos militares y sus políticas nocivas, entre ellas la de eliminación integral de bandos presuntamente delictivos: cero detenidos, cero presos: todos muertos.

Uno de los puntos delicados de la transición política en curso, difícil y peligrosa, aunque el ánimo de los votantes mayoritarios y del presidente electo sean muy positivos y esperanzados, pasa por los cuarteles y sus mandos. Sus cadenas de mando. Para evitar que se repitan las masacres, para reconducir los procesos delictivos hacia las instancias judiciales y no hacia los paredones virtuales, y para garantizar la estabilidad y seguridad de su gobierno, López Obrador debe asegurarse el mando real, fidelísimo y eficaz, de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, y el cambio de sus políticas de guerra contra la población.

Ayer, López Obrador mostró optimismo presupuestal: anunció una notable ampliación de su proyecto de Tren Maya, para incluir lugares de Campeche y Yucatán, y aseguró que sí le alcanzarán los recursos para construir seis refinerías.

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