El juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) analizar los dictámenes balísticos forenses para saber si hubo más militares involucrados durante el operativo del 30 de junio de 2014 en la bodega de San Pedro Limón, en Tlatlaya, estado de México.

Como parte del amparo que otorgó a Clara Gómez –madre de una de las víctimas que murió por los disparos de los militares– para que la PGR rencauce el expediente, el juez determinó necesario analizar el dictamen para conocer si otros soldados, que no han sido procesados, habrían disparado.

En la sentencia, con fecha 25 de mayo del año en curso, también mencionó que se debe recabar testimonio de quien ordenó la designación del teniente de infantería Ezequiel Rodríguez en esa zona, uno de los involucrados en los hechos, así como buscar más testigos presenciales.

Una nota publicada por La Jornada informó que el juez otorgó el amparo a la quejosa, con lo que la PGR debe cumplir con todas las diligencias que se piden, ya que nunca se realizaron.

Resolvió que la procuraduría no realizó una investigación efectiva que garantizara a Clara Gómez su derecho a coadyuvar y aportar elementos que considerara importantes para llegar a la verdad.

En la recomendación que dictó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, se indicó que luego de un enfrentamiento entre civiles armados y militares, estos últimos ingresaron a la bodega y ejecutaron a personas que ya se habían rendido.

En su documento, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, al procurador General de la República y al gobernador del estado de México en ese entonces, el organismo defensor de los derechos humanos sostuvo que la escena fue alterada para tratar de simular que todos los civiles habían muerto durante el enfrentamiento.

La investigación de la CNDH apuntó a que antes de disparar a los integrantes de la organización criminal dentro de la bodega, los militares agredieron físicamente a los civiles, ya que uno de los cuerpos tenía desnucamiento, el cual se produce mediante una maniobra de tracción forzada a la cabeza hecha por una tercera persona, explicó.

Además, se alteró la escena, ya que algunos cuerpos fueron movidos de su ubicación y otros de posición, se colocaron armas cerca de los cuerpos y se sustrajeron equipos de comunicación; por esa situación, la CNDH reclasificó el caso como investigación de violaciones graves de derechos humanos.