En el contexto de la primera audiencia pública del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) denunció que el Estado, con la iniciativa privada, “está sembrando” células de delincuencia organizada en comunidades indígenas en estados que se oponen a la instalación de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y carreteros.

En Cuetzalan del Progreso, Puebla, Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de CNPA-MN, apoyado por liderazgos indígenas de Chiapas, Puebla, Nayarit y estado de México, alertó de que el incremento de la delincuencia organizada y de guardias blancas en zonas potenciales para impulsar la reforma energética ocasionan desplazamiento desmedido de población de alta vulnerabilidad.

Al presentar ante abogados de ese tribunal más de ocho casos de sitios en los que se ha pretendido instalar megaproyectos considerados de muerte, en los cuales se violan derechos como al territorio, la libertad de expresión, la autodeterminación de los pueblos al consentimiento y a la consulta previa libre e informada, se dio a conocer que además de la defensa legal, la resistencia y la protesta las comunidades están aumentando sus guardias.

En un comunicado se informó que durante la presentación de los casos mencionados, se destacaron, entre otros, la oposición al proyecto de la línea de electricidad de alta tensión en Cuetzalan del Progreso y la criminalización de los opositores, así como la resistencia del pueblo zoque a la extracción de hidrocarburos en el municipio de Francisco León, Chiapas, donde la Secretaría de Energía, así como la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, están coludidas para acelerar su proyecto en el marco de la reforma energética en agravio de 84 mil 500 hectáreas.