José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo, coacusados de Elba Esther Gordillo Morales, presentaron un incidente de sobreseimiento ante el juzgado sexto de distrito en materia penal, con sede en Ciudad de México, para que les concedan los mismos beneficios que a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con base en la resolución emitida por el primer tribunal unitario.

Lo anterior, debido a que se determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar las acusaciones en su contra y, por tanto, los delitos de que se les acusó no tienen fundamento. La defensa espera que obtengan su libertad en un mes.

La semana pasada, Gordillo Morales fue absuelta de manera definitiva de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que la PGR le imputó en 2013. Además, solicitó un amparo para conocer si existe orden de aprehensión girada en su contra y evitar cualquier mandato de captura, comparecencia o citatorio. Según fuentes cercanas a la defensa, los informes que se han recibido niegan la existencia de alguno de estos recursos.

El Ministerio Público Federal acusó a la ex líder magisterial de haber desviado recursos del SNTE –con base en datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda– y realizar operaciones irregulares por mil 978 millones de pesos, ya que se habrían triangulado los fondos a cuentas particulares abiertas en México y el extranjero, y que los recursos se habían utilizado para adquirir bienes, pagar cuentas personales en tiendas departamentales de lujo y cubrir cirugías estéticas y tratamientos médicos en clínicas y hospitales de Estados Unidos.

Por estos hechos, la PGR también culpó de los mismos delitos a tres de sus colaboradores: Isaías Gallardo Chávez, Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez (ella se declaró culpable de los delitos que le imputó la PGR y solicitó una sentencia baja por haberse convertido en testigo protegido, y ahora la resolución dictada a la maestra no la beneficia).

En el fallo de la resolución de sobreseimiento contra Gordillo que dictó el primer tribunal unitario, se señala que la información bancaria recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se obtuvo de manera ilícita, violando los derechos fundamentales de la ex dirigente magisterial, toda vez que se recabó sin que mediara autorización judicial (control y/o reserva judicial) alguna.