ada que un consumidor visita una estación de servicio, irremediable e inmediatamente recuerda aquel ya famoso mensaje de Año Nuevo (4 de enero de 2015) de Enrique Peña Nieto: “Ya no habrá gasolinazos; gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de gasolina, diésel y gas LP”.

Y, en efecto, los gasolinazos dejaron de ser mensuales para aplicarse prácticamente todos los días, con un incremento constante en el precio de los combustibles, salvo en 2016 que en esta materia no se registró movimiento.

Sin embargo, a partir de la liberalización de dichos precios (los cuales subirán y bajarán) el alza ha sido permanente, comenzando por el mega aumento (más de 20 por ciento de un plumazo) que entró en vigor a partir del primer minuto de 2017, es decir, cuando el entonces secretario de Hacienda y posterior candidato tricolor, José Antonio Meade, pidió a los consumidores no asustarse por la decisión tomadapor el gobierno de EPN.

Pero los consumidores no están asustados, sino indignados, porque el aumento de precios no sólo impacta a la hora de llenar el tanque del vehículo, sino que golpea a la cadena económica, que va desde lo más elemental –alimentos– a otro tipo de gastos, y todo ello se refleja en el índice inflacionario el cual, dicho sea de paso, se ha comido al aumento salarial.

Desde aquella bella frase presidencial de Año Nuevo (“ya no habrá gasolinazos”), que forma parte del voluminoso anecdotario de la novela rosa peñanietista, el precio de la Magna se ha incrementado alrededor de 50 por ciento; el de la Premium cerca de 49 por ciento y el del diésel 45 por ciento, en números cerrados. Y el del gas licuado de petróleo (LP, el de mayor consumo nacional) ronda 50 por ciento.

Entre 2015 y 2018, el salario mínimo nominalmente aumentó 26 por ciento, prácticamente la mitad con respecto del incremento en el costo de la gasolina Magna, la de mayor consumo en el país. Así, al comienzo de 2015 un salario mínimo compraba 5.26 litros de Magna, y para agosto de 2018 –con todo y aumento al mini ingreso– ese mismo salario sólo compraba alrededor de 4.5 litros. Todo ello, desde luego, sin considerar el impacto negativo en la cadena de precios, especialmente los relativos a los alimentos.

A lo largo del sexenio peñanietista, con todo y mensaje de Año Nuevo, el precio de los combustibles no ha dejado de crecer, a la par que se ha reducido drásticamente la producción interna de los mismos. La importación de ellos muestra un constante incremento (60 por ciento desde el anuncio de “ya no habrá gasolinazos”), a grado tal que a estas alturas siete de cada 10 litros de gasolina provienen del extranjero, fundamentalmente de Estados Unidos.

Paradójicamente, en el vecino del norte el precio al consumidor de la gasolina promedio se mantiene 23 por ciento por debajo del que se paga en México, y nuestro país mantiene niveles similares a los imperantes en Fiyi, Oceanía, y Ghana, África. De hecho, en El Salvador y Guatemala el precio por litro de dicho combustible resulta ligeramente más barato (alrededor de 3 por ciento) que aquí.

A estas alturas, México cuenta con seis refinerías en operación, las cuales participan en un concurso para saber cuál de ellas es la más improductiva, en el entendido de que todas lo son. Y la más joven del sistema nacional de refinación data de 1979. Desastroso el panorama.

Las rebanadas del pastel

Pero bueno, ya el presidente electo anunció que “en los primeros tres años de mi gobierno las gasolinas sólo aumentarán conforme a la inflación (actualización le llaman los tecnócratas) y, una vez logrado el rescate urgente del sector energético, a partir del cuarto año bajará el precio de los combustibles y la energía eléctrica”. Habrá que esperar resultados, pero en vía de mientras los precios de los combustibles se mantienen en ascenso.

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