Durante el pasado proceso electoral se presentaron solamente 150 denuncias en contra del presunto desempeño irregular de servidores públicos asociado a los comicios, sostuvo el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), José Gabriel Carreño Camacho. El funcionario consideró que se trata de una cifra muy pequeña si se advierten las dimensiones de las pasadas votaciones.

En el contexto de la presentación del libro Monitor Democrático, realizada en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Marco Antonio Baños se pronunció en favor de revisar algunas disposiciones en el supuesto de una próxima reforma electoral que permitan, entre otros aspectos, devolver algunas facultades a los institutos locales, avanzar en la introducción de mecanismos electrónicos para la recepción de sufragios y en desactivar algunos candados que han tenido los comicios en México.

Carreño Camacho explicó que en las 150 denuncias que fueron recibidas se presumían actuaciones que encuadraban en un tipo delictivo, por lo que la SFP remitió los expedientes a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales.

Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña, sostuvo que por primera ocasión el organismo coadyuvó, en la medida de sus facultades, en el proceso electoral, tanto en la salvaguarda del padrón electoral como a dar certeza al proceso electoral y a la actuación de los partidos.

Baños aseveró que la experiencia en los comicios da paso a la posibilidad de una nueva reforma electoral que contemple, entre otras modificaciones, devolver a los organismos públicos locales electorales algunas de las tareas que en la pasada reforma fueron asumidas por el INE.

De igual forma aseveró que es momento de revisar algunos de los numerosos candados de seguridad que hay en los comicios en México, pues impactan en el costo de los procesos electorales. Sin embargo, destacó que si bien en principio teníamos muchas preocupaciones respecto de si la desconfianza generalizada que la ciudadanía había expresado en las instituciones públicas se iba a manifestar en las urnas y podría ocasionar un abstencionismo generalizado, la verdad de las cosas es que es muy halagador la participación de 64 por ciento de los electores de un universo de 89.1 millones de mexicanos en las listas nominales.