os 32 millones de votos para López Obrador, además de constituir la prueba irrebatible de su nivel de liderazgo y de la confianza que el pueblo mexicano ha depositado en él para definir el destino nacional, constituye también un mandato para combatir la corrupción que ha llevado a nuestro país a la crisis actual. Mandato que implica un reto de gran complejidad y enorme dimensión, el cual requiere de logros firmes a corto plazo, no obstante los blindajes logrados por quienes siendo responsables, han buscado como evadir a la justicia y quedar impunes, utilizando su experiencia y capacidad para burlar las leyes, siendo esto lo que mejor saben hacer.
La estrategia anunciada y descrita en forma metafórica, por quien es ahora nuestro presidente electo es clara, empezar a barrer la escalera de arriba para abajo, sólo que para ello habrá de resolver tres problemas fundamentales: Las escaleras son varias y con características diversas ¿se podrán barrer todas al mismo tiempo? y ¿cuál es el instrumento que se habrá de emplear para barrerlas, evitando que la mugre se quede pegada en los escalones? pero, también ¿cómo asegurar que la limpieza alcance a todas las que existen, más la que se puedan crear en el futuro?
El segundo no admite dudas, es la constitución y sus leyes secundarias, sin embargo, aquí se tendrá que superar una dificultad adicional, porque estas leyes han sido modificadas por legislaturas afines a la mafia del poder, para alinearlas a sus intereses y a los de sus amos, mientras que el sistema para impartir justicia es una escalera más que también debe ser limpiada.
La voluntad de AMLO de reducir drásticamente los ingresos y las prestaciones de los servidores públicos comenzando con las del mismo presidente, ha tenido un primer enfrentamiento, con los magistrados de justicia, quienes en su favor alegan que sus remuneraciones y las de los demás miembros del aparato de justicia son necesarias para garantizar un comportamiento digno y ajeno a la corrupción, aun cuando éste no haya sido el caso; podemos recordar historias de jueces en que los altos salarios que recibían no fueron suficientes para garantizar la rectitud de sus juicios y sentencias. Ejemplos de ello fueron los fallos en las elecciones de 2006 y 2012, siendo también un hecho conocido que una ha sido la justicia para los ricos y otra la que le toca al pueblo. Podemos también recordar los casos de los gobernadores Duartes de Chihuahua y Veracruz.
Actualmente, el aparato de justicia, con los altos sueldos y prestaciones de sus magistrados dista de ser un ejemplo de limpieza y dignidad; no se necesita ser rico para ser honesto y tratar con igualdad a todos los mexicanos que demandamos su arbitrio en los conflictos y muy especialmente cuando se trata de daños cometidos por los servidores públicos que han venido convirtiendo a nuestro país en un territorio sin leyes. Las declaraciones recientes de quien será la secretaria de Gobernación llaman la atención respecto a la imposibilidad de reducir las percepciones de esos magistrados, en virtud de las restricciones constitucionales, cuando muchos han sido los casos en los que la Constitución ha sido modificada.
Eliminar la corrupción tal como la nación hoy lo demanda, implicara la realización de juicios ejemplares, a quienes no han cumplido los compromisos que ellos mismos establecieron al tomar posesión de sus cargos, empezando desde arriba de las escaleras. Ello implica sin más, el enjuiciamiento del actual presidente y de su antecesor, así como de sus equipos de gobierno; no habrá de tratarse de venganzas, sino de aplicar las leyes de manera justa y transparente por sus actos y omisiones en el cumplimiento de sus funciones. A la terminación de tales juicios, será el próximo presidente quien tendrá la posibilidad de decidir perdonarlos de los castigos físicos que ellos merezcan, pues no se trata de venganzas, pero tampoco de impunidad como ha sucedido hasta ahora. Su castigo será el estigma de no haber respondido a la confianza depositada en ellos por la nación. Justicia y perdón son posibles, el olvido no.
Muchos son los casos de los gobernantes corruptos, que amparados por Peña Nieto, han convertido a sus estados en territorios ajenos a la ley, sin más objetivo que hacerse de fortunas personales, sin pensar en los daños que han causado y seguirán causando en el futuro; la restitución de esos daños y el aseguramiento de que tales conductas no deben repetirse, requieren castigos ejemplares.
La justicia habrá de recaer también en quienes sean hallados responsables de desapariciones y crímenes, en cuyo caso el perdón de nuestro próximo presidente, una vez enjuiciados y condenados, debe ser consultado y aprobado por las víctimas o los familiares de éstas, todo ello con un sólo propósito; asegurar que la violencia, la injusticia y la pobreza se conviertan en la lección de un pasado que no debe repetirse más.
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