Habitantes de la Cuidad de México llamaron a los afectados por la corrupción inmobiliaria a la organización ciudadana con el fin de crear un frente común contra las grandes obras que violan los usos de suelo y sus derechos humanos.

Exigieron la eliminación de los polígonos de actuación y la transferencia de potencialidades que han servido como sustento al gobierno de la ciudad para autorizar los megaproyectos inmobiliarios.

Ayer en asamblea ciudadana sobre avenida del Imán, en el centro de un corredor de edificaciones que superan los 30 pisos, habitantes de las delegaciones Coyoacán y Tlalpan exigieron la cancelación de proyectos inmobiliarios en zonas de escasez de agua.

Que el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, cumpla el compromiso de detener los desarrollos inmobiliarios mayores a 10 mil metros cuadrados y suspenda los permisos para las megaobras.

La flexibilidad para otorgar permisos de construir de ciudades verticales casi continuas en la zona de Periférico Sur obligó a los vecinos –por el momento– de Tlalpan y Coyoacán a unirse con el objetivo de detener las nuevas construcciones que afectan sus derechos.

Desde hace poco más de cinco años que se transformó el espacio urbano, expusieron, han visibilizado una serie de problemas que violan los derechos humanos de miles de habitantes de la ciudad: acceso al agua potable, movilidad y un medio ambiente sano; aunado a omisiones de protección civil que han permitido edificios de más de 30 niveles en áreas habitacionales donde no debería haber más de cuatro.

Para los participantes de la Asamblea Vecinal contra la Corrupción Inmobiliaria, las omisiones de la autoridad han llevado a la construcción de grandes centros de explosión inmobiliaria, como Be Grand Alto Pedregal, City Express Cuicuilco, Greystar Cuicuilco, Mantik o Artz Pedregal y High Park Sur.

Los desarrollos mencionados han generado problemas sociales que dejan desprotegidos a los habitantes, afirmaron.