comienzos de julio pasado, haciendo cuentas, se congratulaban las autoridades de Seguridad Pública de Nuevo León por el hecho de que los índices delictivos presuntamente ligados al crimen organizado habían mejorado sustancialmente en la entidad respecto a meses anteriores. De tal modo, parecía que la violencia ocasionada por la actividad de los cárteles que operan en el estado, que había alcanzado un alarmante pico allá por 2010 y 2011, registraba una alentadora disminución.

Apenas unos días después (el sábado 7 y el domingo 8 de julio), una sorpresiva y al parecer coordinada racha de ataques contra media docena de bares en municipios de Monterrey, Juárez y Guadalupe dejaba un saldo de víctimas fatales que en total sumaron 15 (más nueve heridos), en episodios en los que se utilizaron tanto armas de fuego como punzocortantes y donde los blancos elegidos incluyeron a meseros, clientes, porteros y encargados de los establecimientos. Hecho el correspondiente recuento de los daños, los jefes policiacos se limitaron a declarar, cautelosamente, que las agresiones habrían estado vinculadas al cobro de derechos de piso a los propietarios de los negocios por parte de las bandas organizadas.

Como medida reactiva, en la capital regia se intensificaron los patrullajes de las policías local y estatal, revitalizando temporalmente el llamado Operativo Escudo (creado apenas un mes y medio antes y que el municipio de Monterrey en la práctica había abandonado por considerar que no le estaba funcionando), previsto hasta fines de 2018 y cuya finalidad es reducir la incidencia delictiva en el estado.

El reforzamiento del operativo se hizo efectivo. De hecho, el lunes 13 de agosto, la Secretaría de Seguridad estatal informó que se habían incrementado los puntos móviles de revisión a personas y vehículos en distintas zonas de la capital y de poblaciones situadas al norte de Nuevo León, donde las corporaciones armadas participantes en el escudo redoblaron sus labores de inspección y control.

Sin embargo, la noche de este viernes los ataques del pasado mes de julio tuvieron una inesperada réplica menor en cuanto al número de muertos pero casi idéntica en intensidad: otros seis bares de Monterrey, todos ubicados a escasos 200 metros entre sí, fueron atacados a balazos por un grupo de individuos que según algunos agredidos eran los mismos de la vez pasada. En esta ocasión la acometida produjo cuatro víctimas mortales, al menos siete heridos y un despliegue de elementos policiales más espectacular que efectivo.

La lucha del crimen organizado por la plaza neoleonesa, y específicamente regiomontana, está aparentemente en una fase donde lo que se disputa es el control o la rezonificación del narcomenudeo, cuya distribución suele pasar por bares, cantinas y centros nocturnos.

Se reproduzca o no, esta nueva serie de ataques armados de parecida configuración, enciende un foco rojo respecto a la actividad de las organizaciones criminales en la capital de Nuevo León, y obliga a examinar esa actividad con miras a reformular la estrategia antinarco en el país entero.