Organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos presentaron un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales.

El documento fue entregado debido a que el alto tribunal resolverá mañana un amparo en revisión interpuesto por habitantes de Bacanuchi, Sonora, afectados por el derrame tóxico de una mina. Con ello, las organizaciones pretenden aportar elementos para que los ministros resuelvan en favor de los afectados y se les respete su derecho a la participación pública en asuntos de ecología.

El 6 de agosto anterior se cumplieron cuatro años del desastre ecológico en la cuenca del río Sonora y Bacanuchi por el derrame de tóxicos provenientes de la mina de Grupo México, lo que afectó en forma directa a 22 mil personas e indirecta a 250 mil.

Durante un mitin en las inmediaciones de la SCJN, Luis Miguel Cano, defensor de los afectados, dijo que es necesario que la Corte defina criterios que permitan la participación de las personas y comunidades con interés legítimo para cuestionar la autorización de obras.

María Colín, de Greenpeace México, sostuvo que el máximo tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental.

Se trata de un tema de gran trascendencia, por lo que presentamos ante la Corte consideraciones legales sobre el derecho que es de sumo interés para la sociedad, agregó.

María Elena Bustamante, quien interpuso el amparo, comentó que el derrame de hace cuatro años nos cambió la vida. Desde entonces no tenemos agua potable y la compramos en garrafones.

Maribel Bustamante, otra afectadas, mnifestó que por el derrame de los tóxicos de la minera sufrió afectaciones en la piel, por lo que exigimos que la Suprema Corte nos dé voz, nos reconozca nuestros derechos y se nos informe de proyectos.