Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Constitución de la Ciudad de México sí puede ampliar derechos humanos y reconocer otros que no estén dentro de la Constitución federal.

En el segundo día de análisis de las impugnaciones promovidas por la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos Morena y Nueva Alianza contra diversas disposiciones de la Constitución local, los ministros iniciaron la discusión sobre si el Constituyente capitalino tiene la facultad de autorizar el uso médico de la mariguana.

El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek propone determinar que la Constitución de la Ciudad de México sí puede permitir el uso médico al no invadir la competencia federal, ya que su uso será conforme a la legislación federal. Dicho punto será votado el próximo jueves.

Respecto de la ampliación de los derechos humanos, la PGR impugnó y argumentó que el Constituyente de la Ciudad de México no podía establecer un catálogo de derechos local; sin embargo, la SCJN estableció que al ampliarlo no altera la regularidad constitucional.

El argumento de la Procuraduría General de la República es que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia de salubridad general y las autoridades federales las encargadas de regular los estupefacientes, conforme a la Ley General de Salud; no obstante, consideramos que la Asamblea Constituyente no interfirió en este caso en atribuciones federales, explicó el ministro ponente.

En su opinión, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena indicó que estaba de acuerdo con el proyecto; sin embargo, aclaró que debe declararse la invalidez de la porción normativa, consistente en el médico y terapéutico, ya que eso ha sido regulado en la Ley General de Salud.

Mientras el ministro Eduardo Medina Mora mencionó: no creo que la Ciudad de México tenga competencia para legislar en materia de salud y salubridad general, pero no me parece que, siendo desafortunada, sea inconstitucional.

La Corte discute la impugnación a 66 normas de la Carta Magna capitalina, entre ellas: si se violaron facultades exclusivas de la Federación en materia de migración, laboral, tratados internacionales, ciencia y tecnología, agua, justicia cívica y revocación del mandato. El proyecto refiere que la Constitución de la Ciudad de México interfiere en esas facultades.