Chihuahua, Chih.

Integrantes de la familia LeBarón –acusados por miembros de El Barzón de explotar ilegalmente pozos en la cuenca del río Del Carmen, municipio de Buenaventura, y de violar el uso de suelo con la siembra de nogales en tierras de agostadero– pisieron en marcha una campaña contra campesinos de esa organización, con desplegados en medios estatales.

Gisela Sánchez Villalobos, apoderada legal de la familia LeBarón, difundió en los periódicos que barzonistas del ejido Constitución entregaron a la cervecera Heineken permisos para explotar pozos.

Los campesinos se reunieron este martes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, ante quien desmintieron la supuesta renta de derechos de agua en favor de la compañía holandesa y denunciaron que se trata de una campaña de difamación.

Explicaron que el ejido Constitución cuenta con una concesión de agua otorgada hace más de 40 años, correspondiente a 31 mil 800 millones de metros cúbicos anuales para 400 ejidatarios, pero actualmente sólo pueden utilizar 23 millones por el agotamiento de la cuenca del río Del Carmen.

Señalaron que la planta de Heineken está en el municipio de Meoqui, en una cuenca distinta y a 275 kilómetros de Buenaventura.

Fallo contra empresarios

Previo a la aparición de los desplegados, que los barzonistas calificaron de ‘‘calumnias’’, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió en primera instancia contra el juicio que promueve la familia LeBarón para defender nueve de los 11 pozos del rancho La Mojina, instalados en el acuífero en disputa.

Los labriegos del ejido Constitución denunciaron la explotación clandestina de pozos para plantar 200 hectáreas de nogales en una zona de pastizales donde solamente se permite la ganadería.

‘‘Reprobamos que la familia LeBarón continúe con la campaña de desprestigio en contra de los ejidatarios de Constitución, por lo que solicitamos a su apoderada legal presente los documentos que prueben sus acusaciones’’, expuso El Barzón en un comunicado.

Señaló que el conflicto ha escalado por ‘‘la inacción’’ de las autoridades. Exigió la realización de inspecciones para garantizar que el cambio de uso de suelo sea legal y resolver las denuncias por amenazas que presentaron ante la Fiscalía General del Estado e instancias federales.