Ex gobernador de Veracruz
Lo acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa
Miércoles 22 de agosto de 2018, p. 13
Al vencer el plazo para que la Procuraduría General de la República (PGR) formalizara la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien está en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, la dependencia federal reclasificó el segundo cargo por asociación delictuosa.
Lo anterior significa que el ex mandatario priísta podría obtener la libertad provisional, pues el nuevo cargo no obliga a la prisión preventiva oficiosa.
Luego de seis meses de estar prófugo de la justicia, Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril de 2017 en el municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala.
Tras ser extraditado, el ex mandatario priísta permanece en el Reclusorio Norte en prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica. Durante la primera audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de dicha cárcel, los fiscales presentaron 82 datos de prueba con los que intentan demostrar el desvío de mil 670 millones de pesos de las secretarías de Educación y Salud mediante empresas fantasma.
Hasta hace un año, la PGR sólo tenía acreditado el desvío de 38.5 millones de pesos, de los 438 millones que habrían salido de la Secretaría de Educación de Veracruz. La dependencia sustenta la mayor parte de la acusación en las declaraciones ministeriales de Alfonso Ortega López, presunto prestanombres de Duarte. Entre las pruebas con que cuenta la dependencia federal está la documentación proporcionada –vía asistencia jurídica– por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, referente a la compra de un yate que realizó Alfonso Ortega por medio de la empresa Alpargata Marine, que constituyó por instrucciones de Duarte.
Además, un dictamen en materia de contabilidad emitido por peritos de la PGR, en el que dan cuenta de los flujos de dinero por la compraventa de parcelas mediante las operaciones bancarias realizadas por consorcio Brades, en favor de Moisés Mansur, presunto prestanombres. También cuenta con la escritura de la constitución de la empresa inmobiliaria Roo, de Ortega López y Mario Rosales.
En el expediente e incluye entrevistas con las personas que formaron parte del círculo de prestanombres del ex gobernador, escrituras y documentos de compraventa de inmuebles, dictámenes de contabilidad y estados de cuenta.
Dentro de la causa penal, también obra la declaración de José Janeiro Rodríguez, presunto testaferro, además de la declaración por escrito de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública del estado.
La parte acusadora afirma tener las escrituras de siete bienes inmuebles, entre ellas un rancho en Veracruz y un predio rústico en el municipio de Cosamaloapan que habría sido adquirido por uno de los prestanombres.
