Habitantes de la delegación Azcapotzalco que se opusieron a la construcción de 2 mil 500 viviendas en el predio conocido como La Parisina, en Santiago Ahuizotla, fueron acusados penalmente por delitos que no cometieron. La persecución judicial llevó a uno de los opositores al reclusorio, pero logró salir en libertad; no obstante, los procesos siguen en la Procuraduría General de Justicia capitalina, denunciaron integrantes de pueblos, barrios y colonias de la delegación Azcapotzalco.

Los afectados señalaron que las querellas de Banca Mifel en contra de ocho personas fue por la defensa que emprendieron contra la ilegalidad de las inmobiliarias y la complicidad de las autoridades. Los procesados son vecinos de San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa y pueblo de Santiago Ahuizotla.

A los representantes más activos, expusieron, les abrieron carpetas de investigación en represalia por su participación en la manifestación que realizaron el 13 de octubre del 2016, frente al terreno de dos hectáreas y media.

Tiburcio Terrones señaló que la lucha de los pueblos contra los proyectos inmobiliarios se originó porque no se consulta a los habitantes y por el despojo de espacios que deberían ser para beneficio de la gente.

Los también integrantes de la Organización de Pueblos y Barrios 5 de Mayo se manifestaron en contra de los proyectos inmobiliarios que, al margen de la norma de impacto ambiental, se construyeron y pretenden seguir edificando en la delegación.

Ignoran a pobladores

Mencionaron, además de La Parisina, el predio Macario Gaxiola, terreno donado por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se construyó un centro comercial sin que se haya consultado a los habitantes y sin tomar en cuenta las propuestas para que fuera un espacio público que mejorara la calidad de vida de los pobladores. Pudo ser un parque, una escuela o un centro cultural, expuso Tiburcio Terrones.

Ayer los vecinos condenaron la persecución, criminalización y fabricación de pruebas falsas por Banca Mifel. Exigieron que las autoridades judiciales de la capital se desistan de las carpetas de investigación que abrieron y que van en contra de la libre manifestación.

Ante las violaciones a sus derechos humanos, a organizarse ante la voracidad inmobiliaria, la falta de agua, la mala calidad del aire y otras anomalías, exigieron declarar la moratoria urbana en la delegación Azcapotzalco, para que se revisen todos los proyectos inmobiliarios, y se investigue a los servidores públicos y personas de las diferentes instancias de gobierno que directa o indirectamente intervinieron en la concesión, venta y permisos.

Asimismo, a la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pardo, y al alcalde electo de Azcapotzalco, Vidal Lleranas Morales, demandaron pronunciarse públicamente en contra de los proyectos inmobiliarios ilegales.