Jueves 23 de agosto de 2018, p. 30
Chihuahua, Chih., Alcaldes priístas de 28 municipios interpusieron un recurso constitucional ente la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el procedimiento aprobado por la mayoría panista en el Congreso local para designar al próximo fiscal anticorrupción y al auditor estatal. El proceso ha sido cuestionado por la inclusión de dos funcionarios del gobierno de Javier Corral Jurado y porque se adelantó la designación para antes de que concluya la actual legislatura.
La convocatoria para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue emitida el 18 de julio, después de que el pánel ciudadano que elegirá la terna de aspirantes tuvo una sola sesión por videoconferencia y sin la participación de todos sus integrantes.
En dicha sesión funcionarios del Congreso presionaron a los panelistas para adelantar las fechas, con el argumento de ‘‘dar tiempo’’ a los diputados locales para que la votación se realice en un periodo extraordinario, antes del 31 de agosto.
Después de la primera etapa del proceso, 21 aspirantes fueron convocados entre el 20 y 22 de agosto. Acudieron como candidatos varios funcionarios de la actual administración estatal, entre los que destacan Érika Judith Jasso Carrasco, directora de inspección interna de la Fiscalía General del Estado, así como Francisco Javier Acosta Molina, director de la consejería jurídica estatal.
Un segundo pánel ciudadano (formado para elegir a los candidatos a la Auditoría Superior del Estado) ya eligió una terna que los diputados votarán este jueves, formada por Héctor Alberto Acosta Félix, Armando Valenzuela Beltrán y Luis Raúl Olivas. Dos de ellos tienen nexos con gobiernos panistas y con personajes cercanos a la actual administración.
Armando Valenzuela es encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado y fue designado el año pasado por la mayoría panista de legisladores, que destituyó al anterior auditor.
Héctor Alberto Acosta Félix colaboró durante años con Eduardo Romero Ramos, quien fue secretario de la Función Pública en el gobierno de Vicente Fox. Además, participa en el pánel que elegirá al fiscal anticorrupción y es cercano al ex gobernador Francisco Barrio y a Corral Jurado.