El informe previo de gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) advierte sobre el crecimiento descontrolado de la nómina institucional –que pasó de 12 mil 317 plazas en 2012 a 17 mil 697 en 2018–, lo que obliga a una profunda revisión administrativa. En la actualidad el costo de la estructura es el principal elemento de presión del gasto y el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del INE.

En un entorno nacional en el que el nuevo gobierno impulsa la austeridad presupuestal, el órgano interno subraya la imperiosa necesidad de revisar la totalidad de las plazas por honorarios, con el fin de establecer las necesidades reales y evitar la contratación de este tipo de personal, situación que además de evadir el proceso formal de contratación, diluye las responsabilidades de los ocupantes.

De acuerdo con información del propio INE sobre el impacto de los salarios en su presupuesto, éstos pasaron de 6 mil 657 millones de pesos en 2012 a 10 mil 550 millones de pesos en 2018 (ambos coincidentes con comicios presidenciales). El comparativo entre años en los que no hubo elecciones federales también reporta aumento sustancial: 4 mil 944 millones de pesos en 2013 y 7 mil 372 millones de pesos en 2017.

Si bien el informe reconoce que en este periodo entraron en vigor reformas constitucionales que incrementaron las facultades al INE, no está claro que la asignación creciente al rubro salarial cumplen con criterios de eficiencia. No sólo las distorsiones en la estructura ocupacional del INE preocupa al órgano interno, también la ineficiencia en el ejercicio del gasto genera inoperancia en su aplicación. Es impostergable corregir los tiempos en que se opera el presupuesto, pues el subejercicio es una práctica recurrente en el INE. La ineficacia para utilizar el dinero público deviene en una alteración en el cumplimiento de los objetivos presupuestales.

Las deficiencias y vicios de operación han significado, por un lado, que un importante monto de los recursos quede sin ejercerse para los propósitos que originalmente habían sido autorizados por la Cámara de Diputados.

El riesgo: realizar las adquisiciones con la presión encima del fin del ejercicio fiscal que generan compras de último minuto y, por lo regular, malas decisiones.