n términos numéricos y políticos, el partido Morena y su máximo dirigente real, Andrés Manuel López Obrador, quedan en una excepcional situación para que las propuestas legislativas ordinarias que presenten a partir del próximo primero de septiembre sean aprobadas casi de manera automática.

Dado que el propio López Obrador ha adelantado que no impulsará iniciativas de reformas constitucionales durante los tres primeros años de su periodo presidencial, es de suponerse que sin ningún problema sacará adelante todo lo que requiera mayoría simple de votos (y no mayoría calificada, como se exige cuando se toca la letra constitucional) con la ayuda negociada de sus coaligados recientes (los partidos Encuentro Social y el del Trabajo) o, si este mapa coaligado cambiara, con la contribución circunstancial de alguno o algunos de los demás partidos, opositores en lo general.

En San Lázaro, la mayoría que formarían Morena, PT y PES sería incontrovertible, con un total de 308 votos (de un total de 500) derivados de los 191 del partido dominante, 61 de los petistas y 56 del PES. En el Senado sería relativamente menos desahogado, pero plenamente alcanzable: 55 escaños de Morena, más ocho del PES y seis del PT le darían la mayoría simple con 69 votos, de un total de 128. Los partidos que formaron la coalición Juntos Haremos Historia, de mantenerse unidos a la hora de las votaciones, tendrían, en números redondos, seis de cada 10 votos en San Lázaro y cinco de cada 10 en el Senado.

Al análisis aritmético favorable a Morena y a López Obrador deben añadirse dos factores políticos iniciales. El primer dato proviene de la tradicional fuerza del presidencialismo mexicano, aumentada hasta niveles sorpresivos por el triunfo arrollador del político nacido en Tabasco. Salvo el caso del Partido Acción Nacional, que como segunda fuerza en ambas cámaras se queda con el descafeinado mérito de ser la principal oposición, los demás partidos (incluido el Revolucionario Institucional, ahora inserto en el pelotón de la chiquillada) buscarán acercamientos y negociaciones que les permitan la difícil travesía (cuando menos de tres años) por el virtual desierto político.

El segundo dato favorable a Morena-AMLO (Morena-gobierno) proviene de las divisiones internas de todos los partidos que le son opositores, con el sostenido aderezo amargo de que los principales partidos derrotados (es decir, PAN y PRI) no han procesado operativa e intelectualmente los motivos de sus derrotas y no han alcanzado a trazar líneas inteligentes y eficaces para tratar de salir del socavón político en un plazo razonable.

El partido aún en el poder, el PRI, tiene en sus menguadas filas legislativas una división inocultable, con bandos que se culpan mutuamente de la derrota presidencial. Unos, acusando abiertamente a Enrique Peña Nieto de haber maniobrado para imponer a tecnócratas ajenos al verdadero priísmo, de sofocar posteriormente las tenues posibilidades de crecimiento de José Antonio Meade y de entregarse a López Obrador. Otros, defienden lo que queda de la casa presidencial y pretenden endilgar la responsabilidad de la derrota a los priístas tradicionales y su cauda de corrupción e ineficacia.

En Acción Nacional continúa el pleito entre la corriente dominante, encabezada por el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, y los grupos que culpan a éste del fracaso electoral. El calderonismo, ya sin fuerza al interior del PAN, explora la posibilidad de construir un nuevo partido, con el rebozo de Margarita Zavala Gómez del Campo como recurrente estandarte.

Sin embargo, también en el bloque ganador hay indicios de fisuras. En particular, la bancada de Encuentro Social es considerada proclive a distanciarse o confrontarse de posiciones o iniciativas de Morena que no vayan en la linea ultraderechista del partido evangélico (se habla del PES). Los estrategas morenos también consideran el riesgo de que determinados integrantes de sus bancadas, recién llegados de otros partidos, puedan volver a sus querencias en momentos legislativos críticos.

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