A ocho años de la masacre de 72 migrantes perpetrada en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no ha habido un solo avance por parte de las autoridades mexicanas para encontrar verdad, justicia y reparación del daño, lamentaron familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, quienes pidieron que el nuevo gobierno federal se comprometa a resolver el caso.

En conferencia de prensa, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, afirmó que en el sitio donde fueron asesinados los migrantes en octubre de 2010 aún se respira una atmósfera de impunidad y de ausencia de la ley, pues hasta la fecha no se ha avanzado en la identificación y castigo de los responsables.

Al mismo tiempo, recordó la abogada, todavía hay familias que ni siquiera saben que tienen derecho a exigirle cuentas al gobierno mexicano sobre el asesinato de sus seres queridos, o a pedir que exista una reparación integral del daño, que no esté basada en la repartición de dinero, sino en dar garantías de que hechos como éste no se repetirán.

Uno de los obstáculos que han enfrentado constantemente los familiares de las víctimas es la negativa de las autoridades de México para otorgarles una visa que les permita venir al país a realizar diligencias relacionadas con el caso. Hay una política estatal de no permitir que las familias puedan acceder a la justicia viniendo al país, lamentó Delgadillo.

Érika Guevara, directora para las Américas de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, resaltó que acontecimientos como los de San Fernando son producto de una estrategia migratoria basada en la xenofobia y la militarización, y destacó que no puede haber perdón ni olvido para los responsables de este caso emblemático de horror.

De su lado, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que la indagatoria sobre el caso debería realizarse escuchando las aportaciones y las exigencias de los familiares, al tiempo que llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a hacer un esfuerzo decidido para resolver el caso.

En ese sentido, Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, llamó a tomarle la palabra al próximo gobierno e impulsar una comisión de la verdad sobre lo ocurrido en San Fernando, para saber en qué circunstancias fueron asesinados los 72 migrantes.

En el acto estuvieron presentes Bertila Parada, de El Salvador, y Lorena Nájera, de Guatemala, quienes lamentaron que desde el asesinato de los 72 migrantes en 2010 y el hallazgo de fosas clandestinas en 2011 –también en el municipio de San Fernando–, las autoridades mexicanas han obstaculizado de múltiples formas su búsqueda de justicia y verdad.

En un mensaje videograbado, la guatemalteca Glenda Pinedo –cuyo padre y hermanos perdieron la vida en la masacre– señaló que han pasado ocho años de búsqueda, de insomnio, de pesadillas, pero sigo teniendo esperanza de que llegue la justicia y por fin veamos la luz.