oncluye el sexenio peñanietista con el registro –según información oficial– de más de 3.7 millones de empleos formales, pero al mismo tiempo el gobierno saliente deja una enorme deuda social al reportar la creciente precarización de las plazas laborales, a la par de un voluminoso ejército de mexicanos en la informalidad.

Por ello, como lo advierte en su más reciente reporte (del que se toman los siguientes pasajes) del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, uno de los principales retos que deberá enfrentar la siguiente administración es la solución, con carácter urgente, de la creciente precarización del mercado laboral de nuestro país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2018, la tasa oficial de desocupación a nivel federal fue de 3.3 por ciento de la población económicamente activa. Este indicador por sí solo podría describir que la economía mexicana se encuentra prácticamente en la condición de pleno empleo, escenario que sugiere que cualquier individuo en edad de trabajar puede encontrar un trabajo en un plazo de tiempo razonable. Sin embargo, las retribuciones que obtienen por su trabajo no son las más adecuadas y continúan deteriorándose.

El ejemplo más claro se aprecia en los salarios. Desde el segundo trimestre de 2015 la tasa de crecimiento anualizada del número de personas que ganan más de 5 salarios mínimos por jornada laboral ha sido negativa. De manera específica, para el segundo trimestre del presente año la caída fue de 12.9 por ciento, por lo que el número de trabajadores en el rango salarial más alto asciende a 2 millones 419 mil, cantidad significativamente menor a los 15 millones 287 mil individuos que perciben cuando mucho hasta 2 salarios mínimos, además de ser el rango salarial que incorporó a la mayor cantidad de trabajadores en el periodo con un incremento de 8.3 por ciento.

Lo anterior sugiere que se crean plazas de trabajo, pero también que desaparecen las mejor remuneradas. Este panorama desincentiva a las personas a buscar un empleo dentro del sector formal de la economía, encaminándolas a incorporarse a la informalidad. Prácticamente desde 2017 el número de personas ocupadas en el sector informal ha presentado incrementos; el más reciente, de 3.3 por ciento.

De esa forma, las personas que laboran bajo este esquema representan más de 56 por ciento de la población ocupada, proporción que no ha sufrido una variación significativa en los dos pasados sexenios, cuando menos. Así, la precarización del mercado laboral de nuestro país continúa vigente y exacerbándose conforme transcurre el tiempo, amén de que más de 33 millones de trabajadores no tienen acceso a las instituciones de salud.

Una de las actividades económicas que genera cantidades importantes de empleo formal es la industria de la transformación, es decir, el sector manufacturero. No obstante, su desempeño durante el primer semestre de 2018 sufrió un descenso importante (prácticamente la mitad) con respecto a lo alcanzado en el mismo periodo de 2017.

Para generar plazas de trabajo bien remuneradas los sectores público y privado deben invertir. Las finanzas públicas viven una etapa de austeridad que ha limitado el gasto en infraestructura, y la confianza del sector empresarial se mantiene en niveles bajos en cuanto al momento adecuado para invertir. Así, el desafío en los próximos meses, y especialmente para la nueva administración, consiste en incentivar la inversión, y con ello lograr la generación de los empleos de calidad que demanda el mercado laboral nacional.

Las rebanadas del pastel

Y de cereza, el Inegi informa que en el segundo trimestre de 2018 el producto interno bruto registró una caída de 0.2 por ciento en términos reales, en comparación con el periodo enero-marzo del mismo año.

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