ontado en la ola neoliberal de comienzos del siglo XXI, el gobierno de los empresarios y para los empresarios administrado por Vicente Fox lanzó en 2001 un millonario proyecto de desarrollo y modernización del sureste mexicano, que según la narrativa oficial transformaría de manera radical a toda la región. Con la zanahoria de fomentar el desarrollo del México pobre y con apoyo del aparato militar, el proyecto de intervencionismo estatal foxista subsidiaría, una vez más, a los grandes industriales del país y del exterior. La misión de Fox consistiría en acelerar la entrada en vigor de la segunda generación de reformas neoliberales y propiciaría el saqueo empresarial del campo mexicano iniciado tras las iniciativas salinistas de contrarreforma al artículo 27 constitucional y el fin del reparto agrario, que en 1992 estableció una nueva regulación de la tenencia de la tierra, en particular, del ejido. Ambas iniciativas fueron requisitos impuestos por Estados Unidos para que México pudiera entrar en el acuerdo de libre comercio de América del Norte.

De llevarse a cabo la modernización foxista, las comunidades originarias de Chiapas serían changarrizadas –según el eufemismo predilecto utilizado por Fox para aludir a la obligada proletarización del campesinado, al que pretendía reconvertirlo en mano de obra barata al servicio del sector maquilador y las agroindustrias trasnacionales– y perderían sus tierras, que serían privatizadas junto con los recursos naturales y genéticos de la región.

Así, la entrada a la globalización del campesinado pobre de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados del sureste se haría por la vía de una metamorfosis que nada tenía que ver con la letra de los acuerdos de San Andrés, en particular con el cumplimiento del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, opuesto a los enfoques integracionistas y asimilacionistas del Estado neoliberal; los ejidatarios pasarían a ser peones dependientes, sin autonomía y sometidos a nuevas tiendas de raya trasnacionales.

En realidad, lo que estaba en disputa en Chiapas era el control y la propiedad de la selva Lacandona, muy rica en agua, hidrocarburos, madera y biodiversidad. Era predecible, además, que la zona padecería la biopiratería de los conocimientos etnobotánicos y farmacéuticos ancestrales de la población maya, que pretendían ser patentados por compañías como Diversa, Monsanto, Novartis y Savia –principales productoras mundiales de organismos genéticamente modificados– que ya operaban en la zona. De ahí que no fuera casual que el plan, que suponía una amplia ofensiva de inversiones estatales y privadas nacionales y extranjeras, estuviera tutelado por un viejo amigo de Fox, Alfonso Romo Garza, cabeza de los grupos Pulsar Internacional y Savia (antes Seminis), líderes mundiales en la producción y distribución de semillas híbridas (transgénicas) con actividades en 120 países, quien aparecía ya entonces en la lista de megamillonarios de Forbes.

El nuevo proyecto de conquista implicaría a corto o mediano plazo una lucha interoligárquica entre el empresariado moderno de Monterrey y sus aliados trasnacionales de México y del exterior, y los grupos tradicionales ultraconservadores y racistas de Chiapas: el viejo sector terrateniente y ganadero de tipo feudal, ligado al Partido Revolucionario Institucional, que ya no respondía a las necesidades del dios mercado.

La estrategia foxista para la entrada de grandes capitales a esa región de México –en particular Chiapas, Oaxaca y Guerrero, asiento de las guerrillas del EZLN y el EPR– era en realidad obra del ex subsecretario de Hacienda Santiago Levy, hombre clave de los reformadores Salinas y Zedillo. Bajo el nombre de El sur también existe, el proyecto fue adoptado por Fox y puesto bajo el monitoreo de uno de sus hombres de confianza: Alfonso Romo, designado ahora futuro jefe de la oficina de la Presidencia por Andrés Manuel López Obrador.

En seguida de las modificaciones al artículo 27 constitucional, Romo, con cuantiosas inversiones en el sureste mexicano, dijo: El proyecto Chiapas es el que más me gusta de todos mis negocios. Las empresas de Romo en esa entidad se habían dedicado al monocultivo de productos de exportación, como la palma africana, plantas ornamentales y el bambú tipo Gandía, y se especuló entonces que detrás de las acciones amigables al medio ambiente de Pulsar se pretendía ocultar actividades de bioprospección y biopiratería, disimuladas con una gruesa capa de barniz ecologista.

Admirador de la revolución neoconservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, Romo decía estar convencido de que la presión social no disminuye con balas, sino promoviendo riqueza. Y él sabía cómo hacerlo. Lo que no dijo entonces −ni tampoco Fox− fue que el Plan Puebla-Panamá era la última fase de un plan contrainsurgente inscrito en una guerra de baja intensidad, que venía a sumarse a las labores de guerra sicológica, acción cívica, control de población y guerra sucia paramilitar desplegadas por el Ejército en los seis años anteriores. El PPP era la cara económica del plan militar Chiapas 2000 de la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida a quitarle las banderas a los zapatistas sobre la base de la legitimidad democrática del nuevo régimen foxista.