En el sistema penitenciario mexicano no se garantiza en términos generales el derecho de los reclusos a mantener una vinculación con el exterior, lo que contraviene la Constitución y los tratados internacionales que México está obligado a cumplir.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 33/2018, a fin de establecer parámetros para corregir las limitaciones a ese derecho. El documento está dirigido al secretario Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y a los mandatarios de las 32 entidades federativas.

La recomendación reconoce la importancia de visibilizar y atender el derecho de las personas privadas de su libertad, por el importante papel que representa desde la perspectiva de la organización y disposición del régimen penitenciario, y por tratarse de una herramienta fundamental para la reinserción social, al garantizar el ejercicio de los derechos de la persona recluida y al libre desarrollo de la personalidad.

La CNDH demandó a las autoridades del sistema penitenciario proporcionar y facilitar a los reclusos los servicios de visitas familiar, íntima, de locutorios, de abogados defensores, de asistencia social y religiosa, así como comunicación telefónica, correspondencia y biblioteca, al igual que diversos medios de comunicación electrónicos, impresos y equipos de cómputo, estos últimos para enseñanza. Todo ello dentro de la seguridad que indica la ley y bajo estricta supervisión externa. Se trata de una faceta externa de libertad de expresión o de adecuación en espacios vitales que no pueden ni deben ser restringidos por el Estado bajo ninguna circunstancia o condición jurídica, con lo cual se protegen los derechos relativos a la familia, salud, autonomía personal y a la asistencia letrada.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez subraya que el objetivo de la prisión no es sólo un concepto previsto en la Constitución y en los instrumentos internacionales, sino que conlleva que la reinserción social se dé con base en el respeto por los derechos humanos y en un buen régimen penitenciario.