El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobierno de Ciudad de México sí puede otorgar seguros de desempleo siempre y cuando no salga del presupuesto federal ni se establezcan cuotas o pagos a cargo de patrones o trabajadores.

Al continuar con el análisis de las impugnaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a algunos puntos de la Constitución de Ciudad de México, que pretende ampliar y reconocer nuevas prerrogativas, los ministros del tribunal también avalaron que el fiscal general de la capital del país tenga facultades que faciliten la coordinación con otras autoridades y aplicar el nuevo sistema de justicia penal.

Al presentar el proyecto, el ministro Javier Laynez Potisek puntualizó que en el tema laboral el seguro de desempleo es constitucional, pero tendrá que ser con recursos propios de Ciudad de México.

Hemos señalado que los derechos de seguridad social son mínimos y que siempre podrán ser potenciados o aumentados; señalamos textualmente que será bajo la condición, en este caso, que se entienda que la prestación deberá saldarse con cargo al presupuesto de la ciudad y en alguna forma ésta no podrá establecer cuotas o pagos a cargo a patrones o trabajadores.

En su oportunidad, el ministro José Franco González Salas comentó que, en su opinión, lo que en la Constitución Política de Ciudad de México pretende es darle un enfoque más amplio de protección a lo que es el trabajo digno previsto.

Otro punto que el máximo tribunal consideró es que la Constitución de Ciudad de México tampoco violó las facultades de la Federación en materia de ciencia y tecnología, ya que de acuerdo con la Ley General de Educación corresponde a las autoridades federal y locales promover la investigación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como fomentar su enseñanza y la diseminación en acceso abierto, además de su divulgación.

Por otra parte, en la sesión del pleno se calificó ilegal que la Constitución local prevea reglas sobre el procedimiento penal, la ejecución de sanciones y la justicia para adolescentes, ya que son temas que sólo puede legislar el Congreso de la Unión.