El modelo de desarrollo que rige en México es ajeno a las culturas indígenas y representa un riesgo para agravar la desigualdad en esas comunidades. Es tal la inequidad, que actualmente están vigentes 4 mil concesiones en las que se han entregado los territorios de los pueblos originarios para la explotación de sus recursos por grandes empresas.

Así lo advirtió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien agregó que en la mayoría de los casos observados por su oficina no se garantiza el derecho a las comunidades indígenas a una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y en caso de que éstas se efectúen, no cumplen con los estándares internacionales.

Durante la inauguración del seminario Los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas frente a los proyectos de desarrollo, que se realizó ayer en El Colegio de México, Jarab destacó que el prototipo de desarrollo que se sigue en el país afecta de manera negativa los derechos de diversos pueblos indígenas.

“Hay más de 4 mil concesiones otorgadas para proyectos en territorios indígenas, esto según una fuente gubernamental (…) Sin mecanismos de participación, este modelo sólo puede reforzar la desigualdad y el rezago de los pueblos, que no dependen de su incapacidad de desarrollarse, sino de la imposición de un molde que no corresponde a sus aspiraciones.”

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, manifestó que los proyectos de desarrollo económico, ajenos a las culturas indígenas y basados en la explotación de sus recursos naturales continúan generando grandes injusticias.

Las demandas en materia de derechos para ese sector persisten, y no se garantiza su derecho a ser consultados ante la ejecución de proyectos tales como la adjudicación de tierras para la construcción de plantas hidroeléctricas, la los reacomodos de poblaciones o la explotación de recursos acuíferos, entre otros.

Subrayó que la atención, protección y defensa de los derechos de estos pueblos es indispensable para construir un país democrático y acercar la realidad jurídica, política e institucional a los compromisos asumidos en los tratados internacionales en la materia.