El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reprochó al Poder Legislativo la parálisis normativa que ha provocado –dijo– el incremento de la violencia en el país, y los conflictos por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

Hay por lo menos ocho años de discusión legislativa, sobre qué tipo de modelo policial requieren los municipios, si es necesario que sea un mando único, un mando mixto, un mando unificado pero la verdad es que a ocho años de distancia no existe el modelo y esto ha provocado enormes debilidades institucionales que se traducen en aumento significativo, entre otras cosas, de la violencia que hoy padecemos en muchas regiones del país, aseveró.

Es también responsabilidad del Legislativo –aseguró– concretar tres herramientas jurídicas que han quedado pendientes y cuya definición es fundamental para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, señaló durante la apertura del congreso internacional Nuevo modelo de fiscalía. Hacia la gestión eficiente de la justicia penal.

Los dos temas faltantes, puntualizó, son la definición de un nuevo modelo policial que requiere el país y, por otro lado, la tarea de las fuerzas armadas en auxilio de tareas de seguridad pública porque la convivencia en tiempos de paz de fueros, militar y civil, como dice la Constitución, se vuelve muy complicada, en cuestión de derechos humanos.

En el encuentro, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Navarrete Prida se refirió también a la necesidad de legislar para evitar lo que se conoce como la puerta giratoria que permite la libertad a presuntos responsables de robo de combustible (huachicoleros) y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Si bien destacó la inversión para implementar el nuevo sistema de justicia penal (21 mil millones de pesos, de los cuales 90 por ciento se aplicaron en este sexenio), hizo énfasis en la necesidad de corregir los aspectos que no han funcionado.

Destacó cinco puntos pendientes por consolidar: fortalecer las instituciones policiales; fortalecer a los agentes investigadores; concluir la actualización de jueces; evitar la percepción de que el sistema es una puerta giratoria y –como se mencionó– concretar, desde el Poder Legislativo, las herramientas jurídicas pendientes. Si no se corrige lo conducente, en un país con serios problemas de seguridad, estaremos ante un ornitorrinco: Hay penas de 180 años de prisión acumuladas y, por el otro lado, un estricto sistema garantista (en el cual) existe la puerta giratoria donde todo el tiempo se convive en impunidad, advirtió.

El congreso internacional fue inaugurado por el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, quien aseguró que en materia de procuración de justicia, si bien falta mucho por hacer, el país va por el camino correcto.

Aseguró que la PGR inició una restructuración desde 2017 para hacer frente a sus debilidades, en especial para brindar mayor satisfacción a los usuarios y fortalecer áreas clave como la agencia de investigación criminal.

Según Elías Beltrán, en menos de un año la estrategia de focalización ha permitido la mejora y ejecutar con éxito operaciones especiales de alto impacto, así como aumentar el porcentaje de carpetas.