El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia concedió, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), el sobreseimiento de la causa penal iniciada por el desvío de recursos por un monto de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua, presentada contra el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

En una audiencia realizada en el área de juzgados federales del Reclusorio Norte, el Ministerio Público Federal señaló que la Fiscalía General de Chihuahua no aportó pruebas suficientes, incluso obstaculizó la indagatoria para soportar el proceso penal contra Gutiérrez y por eso, al concluir el plazo de la investigación complementaria –que fue de seis meses– pidió que se sobreseyera la causa penal 24/2018 por el delito de peculado, ya que, además, el priísta no fungía como servidor público y por lo tanto no encuadraba en la figura delictiva.

Durante la audiencia que tuvo una duración de 2 horas y 20 minutos, los representantes de la PGR manifestaron que de acuerdo con sus indagatorias la acusación contra de Gutiérrez sólo estaba soportada en tres testimonios que lo involucraban a manera de indiciado y que de ninguna manera se comprobó que hubiera participado en la red de servidores públicos que realizaron el desvío de recursos destinados a rubros educativos y proporcionó o consiguió empresas por medio de las cuales se desviaron los fondos.

Alejandro Gutiérrez, quien permanece preso en el Centro Federal de Readaptación Social Aquiles Serdán, con sede en la capital de Chihuahua, no estuvo presente durante la videoconferencia que se estableció para esta diligencia, por lo que sus abogados fueron quienes se declararon conformes con la petición.

El priísta, que se encuentra vinculado a proceso, de esta manera concluyó la primera de las acusaciones en su contra por el desvío de 250 millones de pesos, y aunque la segunda causa en su contra no es por delitos graves, se encuentra en el ámbito de la justicia estatal y se trata de otra imputación por el presunto desvío de un millón 740 mil pesos, causa que podría enfrentar en libertad, pero dependerá de las medidas que le impongan los jueces del estado de Chihuahua.

Durante la audiencia el juez Fuerte Tapia dijo que fue la PGR la que solicitó la práctica de esta diligencia y que el Ministerio Público Federal “implícitamente (fue quien) está planteando que no hay interés por una consecución judicial (…) procede este sobreseimiento”, pues aseguró que desde su concepto resolvió con base en la información proporcionada por la PGR y que actuó toda vez que como juez no tiene facultades de investigación y la fiscalía no tiene intención de seguir investigando.

Durante la audiencia que terminó cerca de la medianoche, la PGR refirió que los testigos de la fiscalía de Chihuahua señalaron la presunta existencia de una red de funcionarios públicos que durante el gobierno de César Duarte Jáquez supieron de las transferencias de recursos que servirían para financiar campañas del PRI en entidades que no eran gobernadas por ese partido, y que para eso se utilizarían recursos que serían destinados originalmente a los estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, los cuales luego se habrían transferido al tricolor.