Ciudad de Guatemala. Guatemala prohibió este martes el reingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El gobierno toma esta decisicón cuando el comisionado colombiano, Iván Velásquez, se encontraba en Washington para informar sobre el trabajo del organismo.

El viernes pasado el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de este organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que en colaboración con la fiscalía ha investigado señalamientos que han involucrado a empresarios y funcionarios de gobierno. Falta un año todavía para el vencimiento del mandato.

Sin embargo, este martes se informó que Morales comunicó su decisión a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y pidió un remplazo para Velásquez, a quien el documento califica de persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, la institucionalidad, la justicia y la paz del país”.

Un diplomático –que pidió no revelar su nombre–, confirmó a la agencia The Associated Press que los embajadores acreditados en el país estarían reunidos de emergencia para discutir la decisión de Morales.

Esta es la segunda vez que el mandatario atenta contra la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal general Thelma Aldana solicitaron el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.

El mandatario enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales. La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última petición el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente hubo financiamiento electoral ilícito en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional, y habría recibido más de un millón de dólares de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la formación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral.

La semana pasada el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG, y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.

A pesar de la decisión que tomó el viernes, el mandatario aseguró que se mantiene su compromiso de colaborar con la Fiscalía General, así como con otras instituciones del país. Les recuerdo a todos que nuestro gobierno incrementó el presupuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica, señaló.

En otro orden, Guatemala formalizó este martes la solicitud de extradición de Luis Rabbé, ex presidente del Congreso, detenido en México en julio pasado por vínculos con una trama de corrupción por plazas ficticias, informó la fiscalía.

Rabbé, quien presidió el Congreso entre enero de 2015 y el mismo mes de 2016, fue arrestado el 23 de julio en la ciudad de Monterrey.

El ex congresista salió del país en agosto de 2016 tras perder el fuero.