res poderes envilecidos y seudorrepublicanos de América del Sur (Brasil, Ecuador, Argentina) encabezan la despiadada guerra judicial (lawfare) contra los tres presidentes que de 2003 a 2015, probaron que es posible luchar contra el neoliberalismo, democráticamente: Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner.

Lula está preso, Correa tiene orden de prisión preventiva y es posible que a Cristina le quiten sus fueros en el Senado argentino, para ser enjuiciada por asociación ilícita. Asimismo, los ex vicepresidentes de Correa y Cristina (Jorge Glas y Amado Boudou) guardan prisión en Quito y Buenos Aires, sin prueba alguna en su contra.

Acusados de corrupción y difamados tenazmente en los grandes medios de comunicación por comentaristas que piensan distinto (como Andrés Oppenheimer y titanes de la libertad como Mario Vargas Llosa & asociados), Lula, Correa y Cristina conservan 30/40 por ciento del voto duro en sus respectivos países. Y los tres, encarnan las nuevas formas de desestabilización pensadas en Washington, con el fin de torpedear la credibilidad de los líderes populares de América Latina.

En la referida lawfare, el caso de Lula resulta, posiblemente, el más indignante y emblemático. Culpable de haber solucionado durante ocho años el hambre y la indigencia de 43 millones de brasileños (2003-10), el ex dirigente sindical que aprendió a leer y escribir a los nueve años y terminó dictando clases a los grandes poderes corporativos de las economías concentradas, se ha convertido en el preso político más famoso del mundo.

En julio pasado, el juez Rogerio Favreto ordenó la liberación inmediata de Lula, estimando que su prisión en un cuartel policial del sur del país (Curitiba) violaba sus derechos políticos mientras la Corte de Apelaciones no ratificara la sentencia de 12 años. Un castigo que le impuso mañosamente el juez de primera instancia Sergio Moro, un lacayo de Washington y del virtual dictador de Brasil, Michel Temer.

Desde Portugal (donde se hallaba de vacaciones), Moro ordenó al juez Joao Gebran Neto (de instancia inferior), que girara una orden contraria a la excarcelación. Por consiguiente, Favreto ordenó la detención de Neto, dando a la policía federal una hora de plazo para liberar Lula. Pero en medio del forcejeo leguleyo, apareció un cuarto juez, Thompson Flores, presidente del tribunal regional y socio de Moro, disponiendo que Lula siguiera en prisión.

En días pasados, en tiempo récord, el Tribunal Superior Electoral impugnó que Lula (favorito absoluto con 40 por ciento de los votos, según todas las encuestas) se postule en los comicios presidenciales que tendrán lugar a inicios de octubre. Entonces, Lula decidió que en su lugar iría Fernando Haddad como candidato del Partido de los Trabajadores (PT). Pero el 3 de septiembre, la fiscalía lo denunció por corrupción, con base en una patriótica confesión de un ignoto magnate de la construcción. Y ahora, sólo queda que el PT recurra al Tribunal Superior de Justicia y el Supremo Tribunal Federal.

Simultáneamente, en Ecuador, un juez dictaminaba la prisión preventiva de Rafael Correa por incumplir con una orden que lo obliga a presentarse quincenalmente en la Corte de Justicia en Quito, como parte de una investigación sobre su presunta vinculación en el secuestro del ex legislador y opositor Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en 2012. Correa, quien vive con su familia en Bélgica (su esposa es belga), propuso hacerlo en la embajada de su país en Bruselas. La justicia ecuatoriana se negó.

El caso del ex presidente ecuatoriano (quien al igual que Lula sacó a millones de sus compatriotas de la pobreza), hizo que un referente del plebeyo y antisistémico movimiento social Pare de Sufrir, afirmara que Correa “…es culpable de secuestro (sic) en el caso Balda, ejecutado por su gobierno y supervisado por el presidente” (Raúl Zibecchi, Nicaragua y la izquierda, Brecha, Montevideo, 24/7/18). ¿Cómo lo sabe? Las únicas pruebas son las que la oficina de la FBI en Quito facilitó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

Finalmente, Cristina. Dos veces presidenta, la lideresa de la oposición a Mauricio Macri cuenta con 30 por ciento de voto duro y seguro. Sin embargo, día tras días desde que asumió Macri, el juez Claudio Bonadio y un ejército de jueces, fiscales y periodistas (que a más de verdugos mediáticos ofician también de jueces y fiscales) removieron cielo, tierra y cuentas bancarias sin encontrarle una sola prueba de corrupción. Incluyendo el reciente allanamiento a sus domicilios, en los que participaron agentes de la CIA y el Mossad.

En tres años de gobierno macrista, siempre que la justicia ha investigado a Cristina, los fiscales sólo encontraron hojas de ruta y documentos que prueban la corrupción de Macri, y su equipo gobernante.