Los abusos contra menores cometidos en uno de los albergues conocidos como La ciudad de los niños, en Guanajuato, siguen en la impunidad, ya que las autoridades de ese estado protegen al director de esos espacios, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

En julio del año pasado, una juez documentó la serie de abusos que se presentaban en el albergue de Salamanca, donde el cura, su ayudante y algunas monjas ejercieron diversas vejaciones contra niñas y niños –entre ellas abusos sexuales y adopciones irregulares–, caso al que La Jornada dio puntual seguimiento.

En conferencia, La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Disability Rigths International (DRI) censuraron que a más de un año de las denuncias, el clérigo y el resto de los implicados no hayan sido llamados a declarar como presuntos responsables.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, enfatizó que, incluso, el sacerdote ha denunciado por difamación a defensores de derechos humanos y periodistas, entre ellos a Sanjuana Martínez, colaboradora de este diario. Además que su abogado ha exigido a las autoridades la recuperación del inmueble donde estaba La ciudad de los niños de Salamanca, mismo que fue intervenido tras las denuncias contra Gutiérrez Farías.

Refirió que son varios los delitos, entre ellos violencia sexual, desaparición, adopciones irregulares y violencia física, en contra de, al menos, 69 menores internados en ese espacio, y que tras el escándalo fueron reubicados en otros albergues, por lo que siguen en riesgo.

El religioso tiene alrededor de cinco centros de internado de menores, tanto en Guanajuato como en Michoacán, los cuales de acuerdo con diversos señalamientos y con documentación periodística, carecen de supervisión oficial, por lo que se presume que se dan abusos físicos, emocionales y hasta sexuales contra los menores ahí internados; habría adolescentes embarazadas y al menos 170 pequeños registrados con los apellidos del cura.

Las organizaciones destacaron el valor de la titular del juzgado noveno de distrito en Irapuato, Guanajuato, Karla Macías Lovera, quien mostró las graves omisiones y complicidades del gobierno del estado frente al albergue La ciudad de los niños, al develar la violencia y responsabilizar al presbítero.

Es preocupante que Gutiérrez Farías no haya sido llamado a declarar aún, pese a las pruebas en su contra, pues esto puede ser un hecho más que culmine con el cambio de administración y representaría una deuda más con la infancia de Enrique Peña Nieto. Y es que no sólo las autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación por los hechos, sino también la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, donde tampoco hay avances.

Este retraso está sustentado en un cálculo político y en la protección de altos funcionarios del estado de Guanajuato: el gobernador Miguel Márquez; el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez; y el procurador estatal, Carlos Zamarripa.

Hicieron un llamado al papa Francisco, quien en varios países del mundo ha pedido perdón por los abusos contra menores cometidos por sacerdotes, para que atienda también el caso de México, donde hay temas pendientes de este tipo.