La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio de baja el mes pasado a ocho militares que se encuentran internos en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz. La defensa presentó un amparo contra esa acción al considerar que hay irregularidades, pues su proceso no ha sido cosa juzgada.

Se trata de tres tenientes de infantería, tres subtenientes, un soldado y un cabo, pertenecientes al 69 Batallón de Infantería, que fueron detenidos en marzo de 2011 en Saltillo, Coahuila, por ser considerados parte de una red al servicio de una organización criminal.

El 30 de abril del año pasado la justicia militar dio 28 años y tres meses de prisión por el delito contra la salud en su modalidad de colaborar al fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, misma que fue apelada por los quejosos en primera y segunda instancia.

La defensa interpuso un recurso de amparo –del que tiene copia La Jornada– contra la baja, pues asegura que hubo inconsistencias, entre ellas que la notificación no cuenta con la firma autógrafa del funcionario que la emitió, es decir, el titular de la Sedena; no se les informó del procedimiento para tener oportunidad de defenderse y el juicio de amparo no ha concluido.

Indica que el 14 de agosto llegó al área de notificaciones del penal un subteniente que mostró un oficio que dijo era el acuerdo de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; dicho documento con número 79877, con fecha 6 de agosto, iba supuestamente firmado por el secretario de la Defensa Nacional.

La defensa señala que el documento no es el original, sino una copia, lo cual nos deja en un estado de indefensión, pues no tenemos la certeza jurídica de que dicho acto de autoridad en realidad exista.

En cuanto hace al acuerdo de baja de la Sedena, aseguran que es inconstitucional, ya que no se les concedió la garantía de audiencia; además, nunca se les informó del inicio del procedimiento y no se les dio la oportunidad de defenderse.

De habérsenos comunicado el inicio del procedimiento para causar baja del Ejército, habríamos ofrecido los medios de prueba pertinentes para demostrar que la sentencia de fecha primero de junio de 2018 no ha causado estado, por lo tanto, la baja decretada es ilegal, sostuvo la defensa.