En junio de 1981 la arquitecta Rosa María Alvarado Martínez, adscrita a la Jefatura de Construcciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), trabajaba en la ampliación de un comedor del Hospital General de Zona 27, colindante con la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Al remover un firme de concreto de 10 centímetros de grosor cubierto de tierra y pasto, después de excavar no más de 70 centímetros, los albañiles encontraron restos óseos de tres personas.

El hallazgo fue ocultado de inmediato. Los restos exhumados accidentalmente desaparecieron revueltos con el cascajo o bajo una nueva capa de cemento. La arquitecta fue amenazada para que no informara a nadie. Ella y sus superiores, aterrorizados, guardaron silencio. Le tomó 25 años a la profesionista superar el terror que vivió aquel día.

Pero en 2006, alentada por doña Rosario Ibarra de Piedra –en aquel entonces senadora– y el Comité 68, se atrevió a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR, expediente SIEDF/CGI/572/07) en el que concluye que no podía descartarse que el sitio fuera uno de los lugares donde fueron inhumadas clandestinamente algunas de las víctimas de los hechos represivos.

Dado que antes del hospital en ese mismo espacio se encontraba la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional, es de presumirse que varios de los restos óseos corresponden a jóvenes vinculados con el movimiento estudiantil de 1968, hace constar en su declaración ministerial.

A pesar de ser la única probable pista sobre el paradero de personas caídas en la matanza del 2 de octubre o de la incursión militar a la Voca 7, nueve días antes, las autoridades involucradas, incluido el IMSS y la propia PGR, hicieron todo lo posible por silenciar los hechos y detener cualquier posible investigación judicial.

Restos prehispánicos del siglo XX

El 16 de marzo de 2012 el Ministerio Público (MP) resolvió el no ejercicio de la acción penal en virtud de un supuesto peritaje, elaborado por los expertos forenses del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Jorge Arturo Talavera y Gustavo Coronel, quienes concluyeron que los restos, hallados a menos de un metro de profundidad y todavía identificables, correspondían a tiempos prehispánicos.

No hubo posibilidad de verificar el peritaje forense ni de apelar ante el MP, ya que el 24 de julio de ese año la Subprocuraduría de Investigación Especializada (Siedf) ordenó el envío del expediente al archivo con una reserva de 12 años. Expira en 2024. Hasta entonces, si no se modifica esa resolución, el secreto de los entierros clandestinos de probables víctimas de la represión diazordacista seguirá bajo candado. O bajo una losa de cemento. Poco después, ese mismo año, se autorizó la demolición de la Clínica 27. Hoy, el sitio donde se levantó la emblemática Vocacional 7, un edificio que representó en los años 60 la vanguardia del urbanismo mexicano, que albergó un moderno plan piloto para los preparatorianos del Poli –Heberto Castillo y Fausto Trejo fueron parte de su planta docente– es un lote abandonado, cercado, en pleno corazón de Tlatelolco, entre el Teatro Laura Corona y la Plaza de las Tres Culturas.

Desde el exterior, mirando desde el sureste, en el sitio exacto que marcó la arquitecta con una cruz la probable fosa clandestina, se ve una plancha de concreto entre la maleza. Nada impediría que, con voluntad política, se tome la decisión judicial de iniciar en ese sitio una excavación.

Volteando en dirección contraria, en el otro extremo de la explanada, se levanta la Estela conmemorativa que se develó el 2 de octubre de 1993, a los 25 años del movimiento. A los compañeros caídos el 2 de octubre en esta plaza, reza la adusta escultura. En seguida se enlistan los únicos 20 nombres de personas asesinadas esa noche que pudieron ser corroboradas y confirmadas. Cierra el texto esta frase: “…y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos”.

En la carta que la arquitecta Alvarado le escribió a la senadora Ibarra, relata cómo fue que los peones encontraron tres esqueletos en el área. Asegura que médicos del hospital fueron a ver los restos y nos confirmaron que eran humanos, y que era de gente joven. También encontraron una bala, que resultó ser de rifle M-1, entonces arma reglamentaria del Ejército Mexicano. Uno de los cuerpos fue extraído sin su conocimiento y arrojado a un camión revuelto con el cascajo. De los otros dos le notificaron y ella de inmediato ordenó suspender la obra y dar aviso a sus superiores, tanto del IMSS como de la empresa constructora.

Tortura sicológica, amenazas, silencio

Y en ese momento empezó lo que para la entonces joven profesional fue un día de pesadilla, en el que se le ordenó y amenazó para que no informara a nadie de lo sucedido.

En su denuncia ante la PGR, en julio de 2007, refiere que ante el hallazgo de los restos humanos en 1981 dio aviso a sus superiores, quienes la convocaron a una reunión urgente. Pero en lugar de las autoridades del hospital, se encontraban cuatro o cinco personas que la separaron del resto del personal y la llevaron, sola, a una oficina. Ante mi insistencia de dar aviso a las autoridades, los sujetos me obligaron a pasar más de siete horas en el sitio encerrada con ellos. Más tarde llegó un grupo diferente. La comunicaron con su jefe inmediato, Héctor Flores, quien me pidió que le hiciera caso a los señores. Después de esa llamada se redobló el maltrato: majaderías, golpes en la mesa, en paredes y patadas en el piso. Le advirtieron que los restos serían regresados al sitio donde fueron encontrados. Con mucho miedo y llorando les pedí que por lo menos accedieran a darles cristiana sepultura. En respuesta me insultaron, me aventaron, me jalaron y me amenazaron diciendo que no volvería a ver a mi hijo de tres años, que a esa hora estaba esperando que lo recogiera del transporte escolar.

Continúa: Amenazada, lastimada y con terror, acepté no decir nada a nadie con la súplica de que no tocaran a mi niño. Cuando al fin la liberaron, corrió desesperada a la salida de urgencias y, en efecto, ahí estaba su niño, con unos sujetos con la misma apariencia de quienes me tenían encerrada.

No volvió a trabajar en la obra. No volvió a ver a ninguna de las personas involucradas. No habló del tema sino hasta 25 años después, cuando denunció.

Cinco años después, la Siedf le informó que el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal. Ese mismo año se inició la demolición. El Comité 68 demandó la suspensión de la destrucción, en su calidad de coadyuvante en los procesos penales por genocidio por los hechos del 68, por indicios de que en el sitio pudieran encontrarse inhumaciones clandestinas, probablemente correspondientes a restos humanos directamente relacionados con los sucesos del movimiento estudiantil de 1968.

En mayo de 2013 se reanudó la demolición del sitio. El Comité 68 volvió a pedir una suspensión al entonces procurador Jesús Murillo Karam. Pidió también que el expediente fuera abierto para su revisión por parte de expertos y peritos independientes y una revisión integral, procesal y sustantiva del caso. Nunca obtuvieron respuesta.