El gobierno de Chihuahua demandará penalmente al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por delitos contra la administración de justicia, ya que considera que había pruebas para sostener la acusación contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI.

Por otra parte, la PGR obtuvo cinco nuevas órdenes de aprehensión contra el ex gobernador César Duarte.

Durante una conferencia de prensa en la representación de la entidad en Ciudad de México, el mandatario estatal, Javier Corral Jurado, anunció que hoy interpondrán un recurso de apelación por el falló del juez que decretó el sobreseimiento de la acusación contra Gutiérrez.

Aseguró que la PGR recibió toda la información y registros de la fiscalía local referentes a las pesquisas contra el priísta, a quien acusan de desvío de recursos públicos.

Comentó que la PGR nunca llevó a cabo una investigación seria y responsable; por el contrario, obstaculizó y desechó las pruebas que había obtenido la fiscalía, que en su momento fueron valoradas por jueces federales. Informó que entre sus omisiones está que no solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información para buscar la ruta del dinero desviado, ni requirió a la Unidad de Inteligencia Financiera un análisis detallado de dicha ruta.

No ordenó el embargo precautorio de bienes para garantizar la reparación, no solicitó al Servicio de Administración Tributaria información de empresas relacionadas con el caso, no entrevistó a los socios ni contadores de Alejandro Gutiérrez, no reconoció el carácter de víctima al estado de Chihuahua ni persiguió a los apoderados legales de la firmas utilizadas para contrataciones simuladas, explicó.

Asimismo, dijo que como no confían en Elías Beltrán, será a partir del primero de diciembre cuando harán los trámites correspondientes para que sean incluidas en la solicitud de extradición de Duarte.

Sabemos que mientras Elías Beltrán esté en la PGR nada sucederá en el proceso de extradición, enfatizó. Consideró que no hay condiciones en la procuración de justicia, ya que no nos garantiza honradez, imparcialidad ni profesionalismo, y se corre el riesgo de que, como ha sucedió con otras carpetas, filtre la información a los involucrados y se den a la fuga.