La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a la comunidad de Bacanuchi, Sonora, contra la construcción de una presa de jales mineros, luego de que en 2014 ocurrió un derrame de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Los afectados afirmaron que es un fallo histórico que sienta precedente para comunidades afectadas por megaproyectos, pues les da derecho a reclamar y participar en temas ambientales.

Los pobladores de Bacanuchi promovieron el amparo porque no se consultó a la comunidad antes de autorizar la construcción de la presa de jales mineros, lo que violó su derecho a participar de manera informada en decisiones que pudieran afectar el medio ambiente.

Bacanuchi es uno de los poblados afectados por el derrame de sulfato de cobre acidulado de una presa de jales de Grupo México. En 2016 los habitantes observaron que Buenavista del Cobre estaba ampliando su presa de jales, donde se depositan los desechos sólidos y líquidos del proceso de extracción de minerales.

Esta obra, que ocupa más de 65 hectáreas, reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014. Bacanuchi se encuentra en el área directamente afectada por este proyecto, explicaron los comités de cuenca del río Sonora y Grupo Poder.

Un juez de distrito consideró que los quejosos no acreditaron el posible daño porque su residencia no se encontraba en el territorio afectado por la construcción, es decir, en Cananea, Sonora.

La comunidad impugnó dicha sentencia y el caso llegó a un tribunal colegiado, el cual resolvió que hay afectación porque Bacanuchi está cerca de Cananea, y solicitó que la SCJN atrajera el caso.

Ayer, al resolver el amparo en revisión, los ministros consideraron que se debió consultar a los habitantes de Bacanuchi antes de autorizar la presa de jales mineros para cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.