La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha aplicado la normatividad y protocolos establecidos contra menores infractores enviando un mensaje de impunidad, que puede generalizarse, alertó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; mientras, el Tribunal Superior de Justicia se pronunció por una reforma en el Sistema Penal Acusatorio.

Se trata de solventar este tipo de conductas, que no se repitan, y toca al Legislativo un ajuste integral del sistema para que los jueces cuenten con las herramientas técnica para atender este problema, afirmó el presidente del TSJCDMX, Álvaro Augusto Pérez.

Hay que ser más estricto y rígido en las sanciones contra quienes utilizan a niños para cometer ilícitos, que es realmente reprobable e inaceptable, y también en lo relativo al uso de réplicas de armas, pues con el nuevo sistema, la prisión es excepción, no regla”, precisó.

Tras dar a conocer la recomendación 10/2018, la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, consideró que se han aplicado mal la ley y los protocolos en la materia, al no determinar y catalogar sí están instigando a los menores, pues entonces, se aplicaría la ley para adultos, porque son omisos.

Los padres, además, incurrirían en un caso de negligencia en la crianza o corrupción de menores, al aprovechar los vacíos en la aplicación de los protocolos, cuando no se trata de hacer lo que se te pegue la gana y no pasa nada, sí pasa cuando cometes un delito, afirmó.

En el caso de los dos menores, detenidos por asaltar a automovilistas en Constituyentes, relacionados con la banda de Los diablitos, afirmó que hay omisión y está documentada la manipulación de los adultos tomando como pretexto y como carne de cañón a los niños, pues saben que no va a pasar nada.

Puntualizó que como país o ciudad no podemos renunciar a que menores estén haciendo cosas fuera de la ley y no pase nada, el mensaje es terrible, sí debe pasar y la ley lo contempla; y corresponde a la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes seguir estos casos.

Así como determinar qué tipo de acciones de reinserción y de trabajo con los papás y niños es posible llevar a cabo o, en última instancia dejar la protección de los menores al Estado, indicó.